Costa Rica goza de una de las democracias más sólidas de la región, respaldada por instituciones firmes que tutelan plenamente las libertades individuales y las garantías sociales. Si bien estos arreglos políticos requieren una mejora continua, no debe confundirse la crítica constructiva con relatos interesados que buscan atacarlos.
Por ejemplo, hay quienes han interpretado la movilización ciudadana del pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia como un termómetro del malestar social; sin embargo, un análisis más cuidadoso exige separar la efervescencia de la calle de los verdaderos desafíos estructurales del país.
Así, la existencia misma del plantón desmiente las narrativas que acusan una supuesta amenaza inminente a la institucionalidad y a la división de poderes, salvo el reciente fallo de la Sala Cuarta, el cual sustituyó al Legislativo en su atribución exclusiva de nombrar magistraturas judiciales o aprobar su continuidad.
La reunión de cientos de personas sin represión y bajo el amparo de las leyes solo confirma que los mecanismos democráticos de la libertad de expresión funcionan con normalidad. De ahí que la tensión habitual entre poderes autónomos no pueda calificarse como una crisis institucional generalizada.
Tampoco es sensato ni preciso equiparar la concentración de un grupo organizado en una plaza con el sentir popular medido y expresado en las urnas hace apenas tres meses. Hacerlo sería una exageración que no se corresponde con la realidad política del país.
El movimiento, como acción colectiva, es lícito y conforme al principio democrático; su impulso confeso ha sido la defensa abstracta de la división de poderes. No obstante, su legitimidad interna está por verse debido a la heterogeneidad de sus participantes, incluidos tradicionales dirigentes interesados, a liderazgos con agendas discretas y la ausencia de un pliego de propuestas concretas y viables para resolver problemas nacionales.
Pareciera que el principal incentivo no declarado de la movilización sigue siendo un enemigo político común, al que debía combatirse con consignas que alentaran la salida de autoridades democráticamente electas y designadas. Incluso, opositores históricos parecieron aprovechar el espacio público y el fervor del momento para declarar su interés en juntarse.
También sigue percibiéndose la fuerza del rechazo por la profunda herida de una derrota electoral aún sin superar. La frustración se arropó con la reiterada narrativa de autoritarismo que les convocó; sin embargo ese relato dista mucho de lo expresado por la ciudadanía que, en plena libertad, colmó las urnas el pasado 01 de febrero para elegir y apoyar al actual gobierno de la continuidad que quería.
La amalgama de intereses y motivaciones, sumada a la próxima competencia por diferenciarse en las elecciones municipales de 2028, podría acabar desdibujando el potencial cívico de este y otros plantones sin identidad. Al final, quedaría al descubierto su trasfondo electorero del cual muy pocos se favorecerán a costa de la buena fe de muchos.
La historia reciente de las movilizaciones cívicas invita al escepticismo sobre su impacto real a largo plazo. Experiencias previas, como el movimiento del NO en el marco del referéndum del TLC en 2007, no produjeron el capital electoral esperado en el 2010, que solo allanó el camino para un gobierno de continuidad respecto del anterior.
Tampoco la denominada Coalición CR de 2018, que alimentó de votos en segunda vuelta al mandato conseguido ese año, pudo obtener algún rédito político y electoral en 2022; de hecho, su débil aliento solo alcanzó para una curul en los comicios de este año. Está por verse lo que generará, política y electoralmente, el hasta ahora intangible pacto opositor de mayo de este año, cuyas figuras suscriptoras reforzaban el plantón.
La simple oposición a un proyecto político y a un gobierno, bajo la dúctil consigna de que en democracia todos caben y nadie se quedará atrás, solo es caudal suficiente para plantones y alianzas dudosas, lo que no deja de ser un buen síntoma de ciudadanía activa e influencia en eventuales decisiones del país.
Lo cierto es que la calle es un ruidoso espacio de convergencia, aunque no es suficiente para definir el rumbo del país como sí lo hace la democrática sentencia dictada en las urnas.
Ojalá los futuros plantones vengan acompañados de propuestas serias y viables de fortalecimiento institucional y bienestar social, capaces de superar las iniciativas que hoy ya se discuten en la corriente legislativa.
