Puntarenas, 22 sep (elmundo.cr) – El descontento entre ciudadanos, profesionales y desarrolladores en el cantón de Osa ha escalado en los últimos días ante la creciente lentitud en la tramitología municipal, una situación que amenaza con frenar la inversión y el desarrollo habitacional en la zona.
Las quejas, que se han vuelto recurrentes en diversos sectores, apuntan a demoras excesivas en dependencias clave como Urbanismo y Construcciones. Según reportes de usuarios, gestiones que anteriormente se resolvían en un plazo de ocho días, hoy pueden extenderse hasta por dos meses.
Entre los trámites más afectados destacan los certificados de uso de suelo, visados de planos, permisos de construcción y gestiones relacionadas con la Zona Marítimo Terrestre. Este cuello de botella impacta desde familias que esperan un bono de vivienda hasta inversionistas inmobiliarios que enfrentan costos financieros por proyectos paralizados.
Nueva gestión municipal reabre debate
En medio de este clima de insatisfacción, trascendió un oficio fechado este 21 de septiembre, identificado como PDU-312-2026, en el cual la Municipalidad de Osa, representada por el arquitecto Héctor Luis Sáenz Castro, solicita al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) restablecer una validación municipal previa en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) para la emisión de boletas eléctricas.
El documento, firmado por funcionarios de diversos gobiernos locales, argumenta que la eliminación de este filtro ha impedido detectar obras sin licencia o construcciones que incumplen restricciones territoriales. Los firmantes sostienen que la medida busca un control “preventivo mínimo, trazable y ágil”.
Sin embargo, la solicitud ha generado cuestionamientos sobre la oportunidad de la medida. Sectores afectados señalan que, antes de implementar nuevos mecanismos de verificación, la prioridad de la administración debería ser garantizar que los procesos actuales funcionen con eficiencia.
Exigen transparencia y soluciones
La preocupación no es solo administrativa, sino económica. Existe inquietud sobre el impacto que la parálisis en la construcción podría tener en la recaudación municipal, aunque hasta el momento no se ha confirmado un riesgo directo sobre el presupuesto institucional.
Ante el creciente malestar, surge la interrogante sobre la gestión de la administración local: ¿Cuántos trámites están pendientes de resolución y qué medidas concretas se tomarán para reducir los tiempos de espera?
Por ahora, la población exige respuestas claras y una gestión que, sin renunciar a sus competencias de fiscalización, logre armonizar el control territorial con la agilidad necesaria para reactivar la economía y atender las necesidades habitacionales del cantón.
