San José, 22 oct (elmundo.cr) – La regidora Andrea Rudín, representante del Concejo Municipal de San José, denunció públicamente que nueve regidores están impulsando una sanción política contra el alcalde capitalino, luego de que este detuviera la compra de 16 carros eléctricos de lujo valorados en casi ₡500 millones de colones. Según la regidora, se trata de “una sanción espuria”, motivada por intereses particulares y clientelistas heredados de la administración anterior.
“Nueve regidores de San José priorizan la compra de 16 carros eléctricos de lujo valorados en 500 millones de colones que no se necesitan e intentan castigar al alcalde municipal por no despilfarrar casi 500 millones de colones en carros de lujo que no son necesarios”, afirmó Rudín.
La regidora recordó que en enero del 2024, bajo la administración Arayista, se quiso dejar adjudicada “sin obstáculos” dicha compra, la cual —según consta en las actas municipales— destinaba varios de los automóviles a la Auditoría Municipal y a la Segunda Vicealcaldía de San José, ocupada en ese entonces por Mario Vargas, funcionario de la administración Araya Monge.
“En ese entonces yo era regidora propietaria y me opuse a despilfarrar dicho dinero, habiendo múltiples necesidades en San José. De acuerdo al acta, el funcionario municipal explicó que varios de esos carros eran para la Auditoría Municipal, para la Segunda Vicealcaldía de San José, y que otros iban dirigidos a gerencias, directores y otras áreas administrativas de la Municipalidad”, detalló Rudín.
Con la llegada del nuevo alcalde, explicó, la administración decidió priorizar recursos para maquinaria operativa, mantenimiento de calles, recolección y servicios esenciales para la ciudadanía josefina.
“Apenas entra el nuevo alcalde en funciones, hacen varios análisis y determinan que era necesario priorizar la compra de maquinaria operativa para mantenimiento de calles, recolección y servicios que son y deben ser para la ciudadanía josefina”, sostuvo.
La regidora enfatizó que toda la información expuesta está debidamente documentada en actas municipales y en oficios de alcaldía que son de acceso público. Además, subrayó que el Concejo Municipal no tiene competencias para sancionar al alcalde, ya que “no existe jerarquía entre ambos órganos”.
“El Concejo Municipal no tiene competencias para sancionar al alcalde. No existe una jerarquía entre ambos, al ser un órgano bifronte, por lo que un órgano no puede sancionar al otro”, explicó Rudín.
A su juicio, la sanción responde a represalias políticas de quienes buscan mantener prácticas del pasado.
“Como no pueden removerlo, estos nueve regidores presentan y votan una sanción de forma espuria por no aprobar la compra de 16 carros eléctricos de lujo por casi 500 millones de colones que iban a satisfacer parte del presunto clientelismo interno que mantenía la administración anterior con algunos empleados, entre ellos el auditor municipal”, denunció.
La regidora agregó que “defender los recursos públicos no es falta, es deber”, y señaló que “lo que incomoda es que ya no se gobierna para redes de favores, sino para la gente.”
Asimismo, identificó a los nueve regidores que, según ella, votaron a favor de la sanción:
“Iztarú Alfaro (PLN y actual candidata a diputada por San José), Luis Murillo (regidor electo por el PLN y actual candidato a diputado por el Partido Justicia Social), Rafael Badilla (PLN), Brandon Guadamuz (Frente Amplio), José Manuel Jiménez (electo por PLP y actual regidor independiente), Juan Diego Gómez (Más San José), Yorleny Córdoba (PPSD), Álvaro Salas (PUSC) y Rafael González (independiente)”, enumeró Rudín.
Rudín también hizo referencia a posibles conflictos de interés dentro del Concejo, señalando que “el asesor del regidor Brandon Guadamuz es actual candidato a diputado por el Frente Amplio y es parte de dicho órgano director.”
En cuanto al papel del auditor municipal, la regidora recordó su inacción durante el Caso Diamante, donde se investigaron presuntas dádivas y sobreprecios en obras públicas municipales.
“Me llama mucho la atención que cuando sucedió el Caso Diamante por presuntas dádivas y sobreprecios en obra pública, este auditor nunca recomendó suspender al exalcalde Johnny Araya. Esto es importante que la ciudadanía lo sepa, para que sepan con exactitud cuáles funcionarios —a hoy— responden al anterior alcalde”, señaló Rudín.
Además, formuló una dura crítica:
“Cuando sucedió el Caso Diamante, el auditor se enteró de esas situaciones debido a las pesquisas judiciales, y nunca accionó ‘a priori’. Entonces mi pregunta al auditor municipal es: ¿por qué por no querer despilfarrar el dinero público sí recomienda sanciones al actual alcalde, pero por presuntas dádivas y sobreprecios no? ¿A quién responde él? ¿A la gente o al exalcalde Araya y a su clan?”, cuestionó.
Rudín también denunció haber recibido una amenaza personal al finalizar la sesión municipal, lo cual calificó como un acto de violencia política con tintes machistas.
“Al finalizar la sesión, mi asesora comunal recibió una amenaza personal contra mi persona, de parte de un regidor presuntamente machista, puesto que pareciera que no le gusta que las mujeres digamos las cosas como son, directo y con las pruebas sólidas”, denunció.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante y exigir rendición de cuentas, recordando que el verdadero propósito del gobierno local debe ser el servicio público, no el beneficio personal.
“Los problemas reales de San José siguen esperando. Lo que algunos no soportan es que hoy se gobierna para la gente y no para las redes de favores. Defender los recursos públicos no es una falta, es un deber”, concluyó Rudín.
La polémica sanción será conocida formalmente en el Concejo Municipal en las próximas sesiones, mientras el alcalde mantiene su posición de no autorizar la compra de vehículos de lujo y priorizar la inversión en servicios operativos y de beneficio directo para la población josefina.
