Madrid, 25 may (elmundo.cr) – El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta una creciente tormenta política y judicial luego de que la Audiencia Nacional española confirmara su imputación en el denominado “caso Plus Ultra”, una investigación relacionada con presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
La causa gira alrededor del rescate público de 53 millones de euros otorgado durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, operación que desde hace años había sido cuestionada por sectores políticos y medios de comunicación en España. Según el juez José Luis Calama y documentos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría utilizado su red de contactos institucionales y empresariales para facilitar decisiones administrativas y financieras presuntamente irregulares.
En las últimas horas, diarios de gran influencia en España revelaron nuevos detalles de la investigación. El País informó que la Fiscalía Anticorrupción respaldó formalmente la investigación, asegurando que “no son meras conjeturas”, sino que existen “indicios concretos” sobre la posible existencia de una estructura organizada para influir en organismos públicos a cambio de beneficios económicos.
La investigación también apunta a la oficina privada de Zapatero en Madrid como un supuesto centro de coordinación de operaciones sensibles. Durante registros autorizados por la Audiencia Nacional se incautaron documentos, discos duros y una caja fuerte con joyas valoradas entre 30.000 y 50.000 euros, según la versión ofrecida por su entorno. La Policía también encontró más de 286.000 euros ocultos en la vivienda del empresario Julio Martínez, uno de los principales investigados del caso y cercano al expresidente socialista.
Aunque la Fiscalía apoyó los registros y diligencias, se opuso al allanamiento de la vivienda personal de Zapatero por considerar que no existían pruebas suficientes para justificar esa medida.
El caso ha provocado un terremoto político en España. Partidos como el Partido Popular y Vox han exigido explicaciones inmediatas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la estrecha relación política que mantiene con Zapatero. Mientras tanto, dirigentes del PSOE denuncian una “persecución política” y llaman a respetar la presunción de inocencia.
Zapatero, por su parte, rechaza todas las acusaciones. A través de su portavoz, calificó los informes policiales de “conjeturas disparatadas” y sostuvo que las investigaciones responden a motivaciones políticas derivadas de su apoyo público a Pedro Sánchez y al PSOE en campañas recientes.
La prensa internacional también comenzó a dar amplia cobertura al caso. El Confidencial destacó que sería la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno enfrenta una investigación formal de esta magnitud.
El expresidente deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, en una causa que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la España contemporánea. Mientras tanto, el debate público en el país se intensifica entre quienes consideran que la investigación demuestra un posible entramado de corrupción y quienes denuncian una ofensiva política y mediática contra una de las figuras históricas del socialismo español.
