Washington, 1 abr (elmundo.cr) – Fiscales generales demócratas de 23 estados y la cuidad de Washington presentaron este martes una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y su secretario, Robert F. Kennedy Jr., debido a una drástica reducción de $12.000 millones en fondos destinados a la salud pública. Los demandantes alegan que estos recortes son ilegales y perjudiciales.
La demanda surge después de que los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron la semana pasada la reducción de $11.400 millones el fondos previamente asignados a departamentos de salud estatales y comunitarios durante la respuesta a la pandemia de COVID-19.
El HHS en un comunicado la semana pasada, defendió los recortes, argumentando que “la pandemia de COVID-19 ha terminado” y que el departamento ya no gastará “miles de millones de dólares de los contribuyentes para una pandemia que los estadounidenses superaron hace años”. El HHS, además, aseguró que priorizaría el financiamiento de proyectos alineados con el mandato del presidente Trump para abordar enfermedades crónicas y mejorar la salud general de la nación.
Los fiscales generales que lideran la demanda argumentan que, aunque los fondos fueron asignados durante la pandemia, no estaban destinados exclusivamente a la respuesta frente al COVID-19. En cambio, gran parte de esos recursos se utilizaron para fortalecer el sistema de salud pública a largo plazo, mejorar la preparación ante futuras pandemias y financiar servicios de salud conductual, como el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó que “recortar estos fondos ahora revertirá nuestro progreso en la crisis de opioides, sumirá en el caos nuestros sistemas de salud mental y dejará a los hospitales con dificultades para atender a los pacientes”.
Los demandantes también señalan que la administración de Trump está deteriorando el poder constitucional del Congreso, ya que los fondos en cuestión fueron asignados por la legislación. Alegan que el gobierno federal carece de la autoridad legal para rescindir estos fondos una vez que han sido aprobados.
La demanda se suma a una serie de procesos legales presentados contra la administración Trump, que ha enfrentado más de 100 demandas en los primeros meses de su segundo mandato presidencial.
