“Una mujer que llevaba una máscara tipo bufanda se asomó por la ventanilla delantera del vehículo todoterreno gritó: ‘Emily, Emily, te llevaremos a casa’. Luego repitió mi nombre y afirmó que me iban a llevar de vuelta. A continuación, dio mi dirección. En tono burlón, repitió que me iban a escoltar hasta mi casa”. Este testimonio, recogido en el marco de una denuncia contra la policía de inmigración estadounidense, es el de Emily Bells, una estadounidense de 44 años que vive en Minneapolis.
Nicole Cleland, residente en Minnesota y voluntaria en un grupo local de vigilancia que observa la actividad de los agentes de inmigración, relató una situación similar al New York Times. “El agente se acercó al coche de la Sra. Cleland y la sorprendió llamándola Nicole”. “Dijo que disponía de un sistema de reconocimiento facial y que su cámara corporal estaba encendida, declaró Cleland, de 56 años, que nunca antes había visto al agente”, escribe el diario.
Al igual que muchos estadounidenses, estos testimonios relatan cómo el ICE utiliza el reconocimiento facial, la vigilancia de las redes sociales y otras herramientas tecnológicas para identificar a los inmigrantes indocumentados, pero también para seguir a los manifestantes contra el ICE. En las redes sociales y las agencias de noticias circulan videos e imágenes que muestran a agentes de la policía de inmigración sacando sus teléfonos y fotografiando a personas en la calle o durante controles de tráfico.
Gracias a la aplicación Mobile Fortify, los agentes federales solo tienen que hacer clic para escanear el rostro de una persona y obtener mucha información, como su nombre, dirección y situación administrativa. Esta tecnología, creada inicialmente para los agentes de la policía fronteriza, que suelen operar en un radio de 160 kilómetros de la frontera sur, donde la ley regula los controles y registros de forma diferente al resto del país, se está extendiendo y preocupa a los defensores de los derechos humanos.
Además de en Minnesota, también se han emprendido acciones legales en el estado de Illinois y en la ciudad de Chicago. Según la demanda consultada por RFI, que considera que el ICE ha “abusado de sus poderes” y solicita a la justicia que ponga fin a estas prácticas de la policía de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha utilizado el sistema Mobile Fortify para escanear rostros y huellas dactilares más de 100.000 veces en este estado.
La denuncia cita varios ejemplos en los que agentes federales habrían tomado fotos o escaneado a ciudadanos estadounidenses en todo Illinois sin su consentimiento.
Un proyecto de ley, denominado “ICE Out of Our Faces Act”, tiene por objeto poner fin a lo que estos senadores califican de “sistema de vigilancia biométrica sin límites claros ni control democrático”. “Llevo años alertando sobre los peligros de un Estado de vigilancia nacional basado en la tecnología de reconocimiento facial. Hoy vemos cómo los agentes federales de Trump, actuando con total impunidad, despliegan esta tecnología en las calles de todo el país, mientras él intenta reforzar su control autoritario”, declaró el senador Merkley durante la presentación del proyecto de ley.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado que Mobile Fortify no viola ningún derecho constitucional ni compromete la privacidad. “La aplicación funciona con un umbral de coincidencia deliberadamente alto y solo consulta conjuntos de datos de inmigración limitados de la CBP. No accede a recursos de libre acceso, no explota las redes sociales y no se basa en datos públicos”, precisó un portavoz.
“Una de las máquinas de vigilancia interna más amplias y completas de la historia”
Esta herramienta de reconocimiento facial es solo la punta del iceberg de un amplio sistema de vigilancia utilizado por el ICE. Desde que Donald Trump convirtió a esta policía en el brazo armado de su política migratoria, su presupuesto se ha disparado hasta alcanzar los 28.000 millones de dólares. El ICE ha aprovechado esta oportunidad para orientarse hacia todo tipo de ayudas tecnológicas que lo convierten en “una de las máquinas de vigilancia interna más amplias y completas de la historia”, según Cooper Quintin, experto en tecnologías de la Electronic Frontier Foundation, una ONG internacional dedicada a la protección de las libertades en Internet con sede en San Francisco, California.
Según las bases de datos públicas del Gobierno estadounidense, la policía de inmigración se ha dotado de numerosos servicios de vanguardia para acceder a teléfonos móviles o vigilar las redes sociales mediante inteligencia artificial. En concreto, utiliza dos aplicaciones: Webloc y Tangles. Una de ellas permite al ICE recopilar los datos de geolocalización de millones de teléfonos, mientras que la otra analiza las redes sociales, lo que permite crear un expediente sobre cualquier persona que tenga un perfil público en Internet.
En 2025, el ICE también renovó contratos por valor de varios millones de dólares con las empresas Cellebrite y Paragon, lo que le permite desbloquear teléfonos y extraer todos los datos que contienen, incluidas las aplicaciones, el historial de localización, las fotos, las notas, el historial de llamadas, los SMS e incluso los mensajes de Signal y WhatsApp. Por último, según informó el New York Times el viernes 13 de febrero, el ICE envió cientos de citaciones a Google, Meta y otras empresas para obtener información sobre las identidades que se esconden detrás de las cuentas anónimas que critican a la policía de inmigración. “Estamos trabajando para crear una base de datos de personas detenidas por obstrucción a la justicia, obstrucción y agresión”, declaró Tom Homan, responsable de seguridad fronteriza de la Casa Blanca, en Fox News.
Una vez recopilados todos estos datos, se combinan con las bases de datos de numerosas agencias gubernamentales y alimentan a un monstruo: ImmigrationOS. Este colosal sistema, desarrollado por la empresa Palantir, procesará con inteligencia artificial estos miles de millones de datos y ofrecerá así al ICE “una gestión integral de los expedientes, desde la identificación hasta la expulsión, centrada en la eficacia de las expulsiones”, denuncia Amnistía Internacional en un informe
“La verdadera pesadilla que representa Palantir para las libertades individuales es que permite a los gobiernos relacionar datos que nunca deberían haberse relacionado”, opina Cooper Quintin.
Al ser preguntada sobre los métodos utilizados por los agentes de inmigración en Minneapolis, una portavoz del DHS declaró que “desde hace años” las fuerzas del orden aprovechan las innovaciones tecnológicas para luchar contra la delincuencia. Y añadió: “El ICE no es una excepción”. Por su parte, Catherine Ahlin-Halverson, abogada de la ACLU, ONG parte civil en la demanda colectiva de Minnesota, considera que “las prácticas del ICE y del CBP son ilegales y moralmente reprobables”.
