Apenas dos sesiones de debate fueron suficientes. La aprobación por unanimidad de la reforma de la Ley de Hidrocarburos desmontó 50 años de monopolio estatal sobre la industria petrolera y 25 de una furibunda propaganda de soberanía sobre los recursos energéticos de Venezuela impulsada por el chavismo.
A instancias de Estados Unidos, que impulsa una inversión de 100.000 millones de dólares para revitalizar la debilitada industria petrolera venezolana, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha dado un viraje inesperado, luego de años acusando a los factores de oposición de planear “entregar” la soberanía petrolera.
El nuevo modelo busca revertir 25 años de retroceso en el principal motor de la economía venezolana, que pasó de vender 2,9 millones de barriles diarios y ser el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo, cuando Hugo Chávez estatizó la industria en 2001, a comercializar menos de un millón y caer al puesto 20 entre los exportadores, de acuerdo con los reportes anuales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En el mismo periodo, Venezuela pasó de un 43% de pobreza cuando Chávez revirtió la apertura petrolera de los años 90, al 73% según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2024, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.
“Esta ley implica la liberación de las telarañas mentales del estatismo, buena noticia. Venezuela entra 27 años tarde a la competitividad internacional; se benefician las petroleras y esperamos que otros sectores de la vida nacional”, celebró durante su intervención el diputado de la llamada “oposición moderada”, Antonio Ecarri.
El nuevo instrumento modifica el modelo de asociación con socios privados bajo el formato de empresas mixtas, le quita la exclusividad de la comercialización a la estatal PDVSA, suprime al poder Legislativo la facultad de aprobar asociaciones, otorga beneficios fiscales a los participantes y reduce el control estatal, entre otros cambios.
Estas son las claves de la reforma que pretende abrir el petróleo venezolano a la inversión privada, para cumplir con el objetivo expresado por Trump de revitalizar la industria, luego de años de desinversión, corrupción y pérdida de personal calificado:
Entre limitaciones y tutelaje
PDVSA seguirá teniendo una participación de al menos 50% en las asociaciones con aliados privados, como el esquema previo de empresas mixtas, pero según la reforma el socio minoritario podrá asumir “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, lo que significa una reducción del papel del Estado en la industria.
El Legislativo ya no tendrá facultad para aprobar estas asociaciones, y solo se dispone que sea “notificado” cuando estas se establezcan, dejando en manos del Ejecutivo esta atribución.
“Las compañías extranjeras pueden usar el esquema de empresas mixtas a través del modelo de arrendamiento”, explicó France 24 el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente, Oswaldo Felizzola. “PDVSA es dueña de los campos y los yacimientos, pero no de las operaciones de comercialización”.
Efectivamente, bajo el nuevo formato, los socios privados podrán comercializar de forma directa el crudo venezolano, sin necesidad de la aprobación de PDVSA.
Felizzola apunta que las nuevas condiciones favorecen a empresas estadounidenses, que están en capacidad de procesar en sus refinerías el crudo venezolano, a pesar de sus características de ser pesado y ácido.
“Así pueden comprar crudo barato venezolano para usarlo en el mercado interno y vender su crudo de mejor calidad a unos precios muy superiores”, indicó el experto.
Al mismo tiempo que entra en vigencia el nuevo instrumento, se mantiene también la operación de tutelaje financiero que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó el 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para los 50 millones de barriles reclamados por Trump tras la captura de Maduro.
“Los fondos de esa venta de petróleo se depositarán en una cuenta sobre la que tendremos supervisión”, informó Rubio, agregando que el proceso de comercialización será supervisado por el Departamento del Tesoro para que los ingresos sean gastados “en beneficio del pueblo venezolano”.
“Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para evitar un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición”, agregó el secretario de Estado.
Cargas fiscales aliviadas
La reforma de la Ley de Hidrocarburos conserva el tope de 30% que los socios de las empresas mixtas deben entregar a PDVSA por concepto de regalías, pero otorga al Ejecutivo la facultad de reducir ese monto para hacer viable la operación.
Es una excepción que se hace necesaria por las particularidades del crudo de Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas del mundo, pero requiere costosas inversiones para la extracción de un petróleo pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco.
Las operadoras que entren en el negocio bajo esta ley también quedarán exentas del Impuesto a los Grandes Patrimonios y de algunas obligaciones fiscales que preveía la versión anterior, como contribuciones para áreas como deportes, ciencia y tecnología o lucha contra las drogas, entre otras.
También quedan eximidas de las contribuciones especiales por “precios extraordinarios” y de otras obligaciones parafiscales como impuestos estatales y municipales.
Normas más claras, pero no suficientes
La reforma introduce la figura de laudos arbitrales internacionales para dirimir diferencias, una diferencia vital en materia de garantías con la que no contaron otras asociaciones en el pasado.
Cuando el Gobierno de Chávez eliminó los convenios operativos y asociaciones estratégicas previstos en la apertura petrolera para establecer las empresas mixtas bajo la estatización de 2001, empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron acogerse al nuevo esquema, y a su salida de Venezuela sufrieron millonarias pérdidas, sin resarcimiento.
Ambas demandaron a Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y obtuvieron fallos favorables, pero la Administración de Nicolás Maduro no honró las obligaciones derivadas de esas decisiones, en parte debido al bloqueo que ha impedido a Venezuela acceder a activos en el exterior.
Por ello, la voz del director Ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue la única disonante el 9 de enero, cuando Donald Trump convocó a las principales empresas petroleras del mundo para presentar las nuevas condiciones del escenario venezolano.
Woods, que en esa oportunidad afirmó que era “inviable” la inversión en el país sudamericano, no se desdice, pero en una llamada este 30 de enero con analistas de la industria estimó que se están dando pasos en la dirección indicada.
“Si miras en qué se están centrando actualmente, es en estabilizar el país, reactivar la economía y, en última instancia, en pasar a un gobierno más representativo y democráticamente elegido. Creo que esos son los objetivos correctos en los que el gobierno está trabajando para el beneficio de Venezuela”, estimó Woods.
Las garantías económicas, comerciales y jurídicas son un impulso decisivo. Como dijo Woods en la misma conversación, “no se puede trabajar con gobiernos que confisquen inversiones pasadas”.
Sin embargo, pueden no ser suficientes en un contexto que organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos describen como de erosión democrática y fuerte represión, por lo que probablemente hará falta algo más que cambios en las condiciones de inversión para que la nueva Ley de Hidrocarburos cumpla su misión de atraer inversiones.
Con Reuters, EFE, AP y medios locales
