Washington, 22 may (elmundo.cr) – El COVID-19 dio a Donald Trump la coartada perfecta para endurecer sus inhumanas políticas migratorias, los más vulnerables, los niños, vuelven a ser las víctimas predestinadas de las discutibles medidas adoptadas por el gobierno que rompen con la costumbre del trato humanitario y la protección garantizada a los menores inmigrantes en los E.U.A.
El presidente estadunidense recurrió al viejo código del 1944, Título 42, que confiere al presidente poderes especiales para actuar ante “serio peligro” como la introducción, transmisión o propagación de enfermedades y que ha servido a Trump para combatir la inmigración ilegal, tema en el cual insistirá para obtener la reelección en noviembre.
Dos jueces federales acusaron a la Administración Trump de violar leyes y acuerdos federales que regulan el trato de los menores, las mismas que determinan que después de tres días en custodia, los menores deben pasar bajo la protección de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que les protege del tráfico de personas y pueden vetar las deportaciones rápidas de menores.
En marzo la juez federal de Los Ángeles, Dolly Gee, encargada de supervisar la aplicación del Acuerdo Flores (que desde 1997 regula el tiempo y las condiciones de la custodia de los menores inmigrantes), señaló en un fallo que: “La gravedad del daño al que están expuestos los menores y el interés del público en prevenir brotes de Covid-19 entre familias y niños bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) u ORR que infectarían al personal de dichas agencias, se propagarían a otros en proximidad geográfica y probablemente abrumarían los sistemas de salud locales”.
La jueza estableció que los menores no deben ser detenidos por “demoras inexplicables” y solicitó a la administración Trump de tutelar a los casi 7.000 menores inmigrantes detenidos de los centros de detención alrededor de los Estados Unidos y reunirlos con los familiares o “patrocinadores” (padres adoptivos temporales) que los esperan.
En abril, otro juez federal en Washington D.C., amplió el fallo e incluyó también a los padres detenidos. Las decisiones judiciales buscaban proteger a los niños. Pero inmediatamente comenzaron las deportaciones indiscriminadas.
La ORR es responsable de los aproximadamente 3.600 menores migrantes no acompañados que se encuentran recluidos en casi 200 instalaciones contratadas por el gobierno federal en E.U.A. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional tienen a otros 3.000 niños detenidos con sus padres en tres centros familiares. Desde finales de marzo hasta mayo, los casos confirmados de Covid-19 entre esos menores aumentaron de cuatro a 68.
Según el fallo de la jueza Gee, los abogados que trabajan en los centros de detención han detectado que los niños, las familias y el personal “continúan pasando la mayor parte de su tiempo en estrecha proximidad física”, así como una falta de información sobre la pandemia o el acceso a la higiene y la atención médica. Los menores detenidos y sus familiares, según el fallo, “indican que grandes proporciones de ellos ya muestran síntomas asociados con el Covid-19″.
La detención federal de inmigrantes es una acción civil -no penal- y los menores migrantes tienen protecciones especiales en el marco del Acuerdo de Flores y de las leyes federales e internacionales, que imponen al gobierno mantenga a los menores en condiciones “seguras e higiénicas” y haga “rápidos y continuos” esfuerzos para liberarlos y reunificarlos a sus familias.
En Estados Unidos los abogados que representan a los menores migrantes afirman que la administración se niega a entregar a los niños a los “patrocinadores” que están listos para recibirlos, además retrasan la liberación de menores de los centros donde hay casos de Covid-19.
El pastor Fred Morris, que dirige el Centro de Niños Refugiados del Valle de San Fernando, predijo que debido a la insistencia del gobierno en mantener a los migrantes bajo custodia federal, “un buen grupo de ellos morirá”.
