Madrid, 27 feb (dpa) – El juez que investiga el supuesto uso de tarjetas de crédito no declaradas entre la ex cúpula de la entidad española Caja Madrid impuso hoy una fianza de 4,3 millones de euros a 21 de los ex consejeros que presuntamente las utilizaron, informó hoy la Audiencia Nacional.
El juez Fernando Andreu señala que la utilización de estas tarjetas podría suponer un delito continuado de administración desleal o un delito de apropiación indebida, ya que los usuarios “conocían o debían conocer” el uso correcto de las tarjetas, según explica en un auto.
El magistrado da un plazo de tres días a los imputados para depositar la fianza, destinada a cubrir posibles responsabilidades a las que los usuarios de las tarjetas podrían ser condenados. Si en un plazo de tres días no depositan el dinero, se ordenará el embargo de sus bienes.
Entre los 21 imputados a los que impone la fianza -de los 27 que declararon ante el juez recientemente- está el dueño del extinto gigante turístico Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, para el que Andreu pidió 126.000 euros (141.000 dólares).
El escándalo saltó a la prensa en España el pasado octubre, cuando se conoció que ex consejeros y ex directivos de la extinta Caja Madrid cargaron más de 15 millones de euros en gastos personales en tarjetas de crédito emitidas por la entidad fuera del circuito habitual de las llamadas “tarjetas de empresa”.
Bankia, la entidad que sucedió a Caja Madrid, fue rescatada en mayo de 2012 con 23.465 millones de ayudas públicas.
El juez imputó inicialmente a los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato -ex director del FMI-, y al directivo Ildefonso Sánchez Barcoj, a quienes tomó declaración recientemente. En enero, la imputación se extendió a 78 ex consejeros y ex directivos.
En el auto conocido hoy, el juez Andreu sostiene que los imputados generaron “un perjuicio” a la entidad que administraban al usar las tarjetas “en provecho propio”. Señala, además, que ninguno se preocupó por conocer las condiciones de su uso.
“No es de recibo que distintos consejeros hayan manifestado que nadie les llamó la atención por su uso. Deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta irregular práctica”, expresó.
