Ciudad de México, 26 ago (dpa) – Dos brigadas de familiares o compañeros de 43 estudiantes desaparecidos hace 11 meses en el sur de México acudieron hoy a embajadas de varios países en Ciudad de México para pedir que respalden su lucha.
“Estamos recorriendo las embajadas para entregar un documento de petición de apoyo diplomático”, dijo a dpa Felipe de la Cruz, portavoz de las familias de los estudiantes, presuntamente masacrados e incinerados en una alianza entre policías y un grupo criminal el 26 de septiembre.
Las brigadas acudieron, entre otras, a las embajadas de Vietnam, Hungría y Portugal al inicio de su recorrido, previo a una marcha que realizarán por la tarde desde el Monumento a la Independencia -conocido como el Ángel- hasta la Plaza del Zócalo en el centro de la capital mexicana.
“Nuestro reclamo sigue siendo presentación con vida y que se castigue a los culpables”, afirmó De la Cruz.
Según la Procuraduría General de la República, los jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Iguala y luego entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los mató al parecer por sospechas de que entre ellos se habían infiltrado miembros de un grupo rival.
De acuerdo con las investigaciones, los restos de los jóvenes fueron incinerados en un basurero hasta el punto de que sólo se pudieron recoger fragmentos calcinados. Las familias han rechazado estas conclusiones.
Sólo uno de los estudiantes pudo ser identificado por un laboratorio de la universidad de Innsbruck, en Austria, con pruebas de ADN, debido al mal estado de los restos.
El 6 de septiembre una comisión de expertos independientes, designada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un plazo inicial de seis meses, tiene previsto presentar las conclusiones finales de esta etapa.
Los expertos han cuestionado algunos aspectos de la investigación como la pérdida de evidencias y la negativa de las autoridades a permitirles interrogar directamente a militares del cuartel de Iguala presentes la noche de la desaparición.
Los jóvenes estudiaban en la escuela rural del magisterio “Raúl Isidro Burgos”, una institución de gran activismo político de izquierda, y habían viajado a Iguala para apoderarse de autobuses comerciales y recolectar dinero para asistir a una marcha.
Más de 110 personas han sido detenidas por este caso, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, acusados de tener vínculos con los Guerreros Unidos.
