Por Juan José Martínez
Las bombas que estallan en Gaza también hacen ruido en España, donde instituciones del Estado y la ciudadanía presionan por una suspensión de las relaciones con Israel en múltiples frentes. El presidente Pedro Sánchez pide a Bruselas que suspenda el Acuerdo de Asociación con el país hebreo vigente desde el 2000, mientras algunas ciudades como Barcelona imponen vetos a entidades afines a Netanyahu. La postura sobre Gaza defendida por España ya empieza a mover cimientos en Europa, como muestra el cambio de retórica de los gobiernos de Francia, Reino Unido e incluso Alemania.
España quiere cortar lazos con Israel por la guerra en Gaza, como ha ratificado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien ha sugerido suspender el acuerdo de cooperación entre la UE e Israel, que facilita el intercambio comercial, institucional e investigativo entre ambas partes.
El presidente español y la líder europea, criticada por algunos funcionarios comunitarios por su falta de contundencia frente a Benjamin Netanyahu, dialogaron en Bruselas el pasado 28 de mayo, día del primer año del reconocimiento a Palestina por parte de España.
Sánchez aprovechó el encuentro para solicitar a la jefa de la diplomacia europea “que la UE se movilice para detener la invasión ilegal de Netanyahu sobre Gaza, aplicando más presión diplomática, suspendiendo su Acuerdo de Asociación y poniendo en marcha sanciones”, según escribió él mismo en la red social X, donde subió una foto del encuentro.
Días antes, en Madrid, el Congreso de los Diputados se abrió a tramitar una reforma a la ley la reforma de la Ley 53/2007, que facilita un embargo integral de armas a cualquier Estado investigado por crímenes de lesa humanidad por un tribunal reconocido por España —como ocurre con Israel, tras la demanda por genocidio radicada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)—.
El embargo de armas se refiere a la prohibición para comprar y vender material bélico o relacionado con países cuestionados y afecta tanto a empresas públicas como privadas. El texto final de la norma deberá votarse en el Legislativo, donde el Gobierno cuenta, de momento, con la mayoría de los socios de investidura, ante el rechazo de la derecha, agrupada en el Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.
Pero el Ministerio de Interior ha insistido con frecuencia en que España ya ha empezado a ejecutar este embargo de facto desde el inicio de la ofensiva en Gaza en octubre de 2023, cuando el Gobierno suspendió nuevas licencias para exportar armas a Israel e incluso bloqueó operaciones ya autorizadas en caso de material ofensivo.
No obstante, estudios de órganos independientes ponen en duda al Gobierno. El Centro Delàs calcula que España envió a Israel 88 paquetes de armas por valor de 5,3 millones de euros durante los 18 meses posteriores al atentado de Hamás y la posterior guerra en la Franja de Gaza.
Otros contratos millonarios entre el Ministerio de Defensa y la industria israelí han sido cancelados, el último de ellos la paralización de una compra por 287 millones de euros de 68 puestos de tiro y 1.680 misiles contra carro Spike LR2 que se negó a recibir el Gobierno español.
Aún más, el Ejecutivo ha anunciado un plan de “desconexión tecnológica”, para cumplir “el objetivo de dependencia cero” con el Estado hebreo, según ha informado este viernes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. El programa busca la soberanía en temas claves como la ciberseguridad.
Gobiernos locales muestran su rechazo a la guerra
Paralelamente, algunos gobiernos locales han decidido actuar en su jurisdicción. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno municipal romper relaciones con Israel y con la ciudad de Tel Aviv por lo que no ha dudado en definir como “genocidio”.
El consistorio ha exhortado a la Fira de Barcelona —un palacio de congresos de relevancia mundial que acoge eventos de seguridad, movilidad o defensa, como el Mobile World Congress— a que cierre sus pabellones a cualquier empresa aliada de Netanyahu o que se lucre con la guerra en Gaza.
No muy lejos de allí, la Comunidad de Navarra se ha negado a albergar el campeonato europeo de sóftbol femenino si la organización no veta la participación de la selección de Israel. Los ayuntamientos de Pamplona y Burladas, sedes del torneo, han amenazado con retirarse como anfitriones, mientras que el Gobierno regional está revisando los contratos comerciales con empresas aliadas al gobierno hebreo.
Detrás de las puertas de las instituciones del Estado, la presión por encontrar responsables para el rastro de sangre en Gaza se respira en las calles. Las manifestaciones en la última semana en Pamplona, Vigo y Málaga han sucedido a las convocadas antes en País Vasco, Galicia, Andalucía y Madrid —donde las concentraciones más numerosas han congregado a 25.000 personas—.
En la capital, ya es difícil acudir a cualquier protesta sin ver ondear banderas palestinas.
El colectivo Acampada por Gaza, surgido en España como réplica del movimiento juvenil propalestino en los campus de EE. UU., ha vuelto a levantar en mayo sus tiendas de campaña en la Ciudad Universitaria de Madrid. El año pasado, cientos de carpas permanecieron un mes en el pulmón académico madrileño, para pedir acciones concretas contra Netanyahu.
Un verano después, una escisión de la acampada ha llamado a los jóvenes a levantar de nuevo el asentamiento para solicitar, entre otras cosas, un embargo de armas mediante decreto presidencial, ya no mediante el Congreso.
Chispas en prime time
La condena a Israel por la guerra en Gaza ha saltado al mundo del espectáculo a través de Eurovisión, el legendario concurso musical en el que participan artistas europeos y algunos invitados internacionales como Australia e Israel. Este año, 166 millones de personas en el mundo vieron la retransmisión del evento.
El rechazo a la participación del país hebreo en el certamen ha sido un tema controversial por segunda edición consecutiva. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, ha desestimado la petición de algunos países concursantes para vetar Israel, pese a que sí lo hizo con Rusia en 2022, tras la invasión a Ucrania.
La radiotelevisión pública española (RTVE) emitió un mensaje antes del inicio de la semifinal Eurovisión. “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina” fue la frase que apareció por 15 segundos en castellano e inglés, sobre fondo negro.
La UER advirtió por carta a RTVE de posibles sanciones si los comentaristas volvían a comentar la situación en la Franja en la final, como lo hicieron en la semifinal donde recordaron el número de víctimas palestinas. Finalmente, la UER descartó abrir un expediente sancionatorio.
España ha apuntado con el índice a Netanyahu desde tiempos en los que la teoría de la legítima defensa se oía con fuerza en las instituciones europeas. A comienzos del 2024, el presidente Sánchez protagonizó una gira por varios países europeos para unir esfuerzos en el reconocimiento conjunto del Estado de Palestina. Noruega e Irlanda aceptaron, ante la negativa de las grandes potencias como Alemania, Francia e Italia.
Poco después inició un expediente sancionatorio contra 13 colonos israelíes, a quienes se les canceló la entrada al país y se les congelaron las cuentas por haber actuado con violencia en territorios de Cisjordania.
Así, España se ha labrado un camino propio en Europa al mantener su postura sobre la guerra en Medio Oriente, una senda a la que algunos gobiernos ya se empiezan a asomar, como el del francés Emmanuel Macron, quien ha pasado de prohibir las protestas propalestina a abogar por el reconocimiento del Estado palestino. Además, ha firmado una declaración junto a Reino Unido y Canadá en la que amenazaban a Netanyahu con “tomar medidas” en caso de que continuara con la “escalada de violencia totalmente desproporcionada”.
Un día después de esas palabras, Londres canceló la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Tel Aviv.
Netanyahu resiente su desprestigio en Europa y ya habla de una supuesta “cruzada del presidente Macron contra el Estado judío”.
El próximo paso que marcará la postura comunitaria sobre Israel será la revisión del Acuerdo de Asociación. La propuesta, que ya había sido impulsada por España, fue llevada a la mesa por Países Bajos en una reunión de consejos de ministros de exteriores el pasado 20 de mayo.
La portavoz de la Comisión Europea habló de una “fuerte mayoría a favor de revisar el artículo dos del Acuerdo de Asociación” que en su literalidad implica que “las relaciones entre las partes, así como todas las disposiciones del propio acuerdo, se basarán en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios democráticos”.
Un retoque parcial del acuerdo requiere una aprobación del 65% de la población europea representada en el Consejo de Europa—países con más habitantes, tienen más peso—. Un embargo total solo sería posible con una decisión unánime.
Así las cosas, la previsible negativa de países como Italia, Alemania o Hungría parece suficiente para frustrar las aspiraciones del resto de Europa.
