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En Cuba habría 120 presos políticos, según comisión disidente

La Habana, 11 jun (AFP) – La Comisión Cubana de Derechos Humanos Y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una organización disidente pero tolerada en Cuba, difundió el lunes una lista de 120 presos “por razones políticas” en la isla, categoría que las autoridades rechazan.

Según la CCDHRN, encabezada por el activista Elizardo Sánchez, el total de “120 prisioneros por motivos políticos, reconocidos hasta el 31 de mayo de 2018”, ha sido identificado “con el máximo rigor”.

De acuerdo al texto, entregado a la AFP, de esa cifra 91 son “opositores o desafectos al régimen”, cinco exmilitares o exfuncionarios y “24 prisioneros que están acusados por emplear o planear utilizar alguna forma de fuerza o violencia para realizar ‘actos contra la seguridad del Estado'”.

De esos 120 prisioneros, 12 están condenados a cadena perpetua, y el más antiguo en la cárcel es Daniel Santonvenia, que ya cumplió 27 años en prisión de una condena de 30 por participación en un comando armado que trató de infiltrarse desde Estados Unidos.

El gobierno de Cuba niega de manera rotunda la existencia de presos políticos en la isla y señala que las personas en prisión han sido condenadas por delitos comunes, previstos en las leyes vigentes.

Entre los cargos por los cuales fueron condenados esos detenidos, el informe de la CCDHRN cita atentado, desacato a la autoridad, desorden público, peligrosidad social pre-delictiva, multas impagas y rebelión.

Según el texto, la mayoría de las 120 personas mencionadas pertenecen a algún grupo opositor.

En Cuba, donde sólo tiene existencia legal el Partido Comunista (PCC), las autoridades no reconocen a la oposición y los disidentes son considerados “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.

La CCDHRN cuenta con el reconocimiento de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones similares.

En la isla no se conocen cifras oficiales públicas de la población penal y el número de prisiones existentes. De acuerdo a la CCDHRN habría en Cuba un total de 70.000 presos ubicados en más de 150 cárceles.

En momentos en que el gobierno cubano está enfrascado en una reforma de la Constitución vigente desde 1976, la CCDHRN dice que “urge que la República de Cuba disponga de una Ley del Sistema Penitenciario”.

-Sin acceso a prisiones-

“Las organizaciones internacionales no tenemos acceso a Cuba por casi 30 años y no hay una organización independiente que tenga acceso a las prisiones cubanas. La problemática de las detenciones políticas en Cuba ha sido muy secreta”, dijo el representante de Amnistía (AI) para el Caribe, Robin Guittard.

Recuerda que la categoría de preso de conciencia fue creada por AI y se tienen requisitos muy estrictos para que alguien sea incluido en ese rubro. Se refiere a quien es detenido por haber hecho uso de su derecho pacífico a la libertad de expresión o por ser quien es, como el caso de las personas LGBT. Es importante que no hayan usado, ni abogado por la violencia.

En Cuba, AI reconoce solo a un “preso de conciencia”, el médico Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano Liberación, crítico del gobierno, y tiene otros casos en evaluación. Guittard precisó que la modalidad actual de detenciones asociadas a temas políticos en Cuba ha cambiado, y ahora ocurren por períodos de corta duración.

Desde 1992, el gobierno cubano concedió cuatro indultos “por razones humanitarias” que beneficiaron a varios miles de presos políticos. Los tres primeros fueron dictados como resultado de las visitas papales de Juan Pablo II (1998), Benedicto XVI (2012) y Francisco (2015).

El más reciente, en noviembre de 2016, contempló a 787 reclusos, incluidas “mujeres, jóvenes, enfermos y otras categorías”. Fue la respuesta a la petición del papa Francisco a los jefes de Estado con motivo del Año Santo de la Misericordia.

En 2010-11, las autoridades cubanas excarcelaron a más de 130 prisioneros por razones políticas tras una negociación con la Iglesia católica local. La mayoría de ellos emigró a España junto a sus familiares, por facilidades otorgadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acompañó el proceso.

© Agence France-Presse

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