El 2,5% de la población de El Salvador está en prisión: informe

San Salvador, 9 abr (VOA) – A dos años de implementado el régimen de excepción en El Salvador, el 2,5% de su población adulta se encuentra detenida, de acuerdo con un informe de la sociedad civil.

“El Salvador posee la tasa más alta de encarcelamiento a nivel mundial”, con 109.519 personas presas en un país de 6,3 millones de habitantes, señala un adelanto del informe, publicado la semana pasada.

El número casi triplica a la población carcelaria que había antes del régimen de excepción, que era aproximadamente de 38.000 personas.

Este es el segundo informe anual sobre violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción en El Salvador, y fue elaborado por varias organizaciones, entre ellas Cristosal, una oenegé que vela por los derechos humanos en el país centroamericano.

El informe preliminar, cuya versión completa será publicada esta semana, indica también que 244 personas murieron estando en custodia del Estado bajo el régimen de excepción.

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre las muertes. El gobierno ha reservado la información sobre su población carcelaria.

El departamento de prensa del gobierno de El Salvador no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.

Contrario a la popularidad que desató el régimen de excepción en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos continúan señalando que El Salvador no se encuentra en una situación extraordinaria en curso que amerite una medida de carácter excepcional y no permanente, y le piden al gobierno agilizar los procesos judiciales pendientes de los detenidos, así como que se tome en cuenta el uso de medidas alternativas a la detención para eliminar el régimen de excepción, que inició en marzo de 2022 tras el asesinato de 87 personas en un fin de semana por las maras.

Lo que surgió como una medida para “restablecer el orden” tras la violenta jornada es ahora la principal herramienta del gobierno salvadoreño en su lucha para desarticular a las pandillas.

El gobierno de Nayib Bukele continúa defendiendo la política de mano dura en la aplicación de la ley, rechazando las críticas de organizaciones dentro y fuera del país, y amparándose en el alto nivel de aceptación de su gestión.

“¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Cuando hayamos sometido a la justicia al último de estos terroristas”, dijo a medios locales el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El gobierno también ha mantenido la posición en redes sociales, donde defienden y argumentan la medida.

Pese a los señalamientos de la sociedad civil sobre que el gobierno violenta los más elementales derechos de las personas, el régimen ha sido prorrogado 24 veces consecutivas y actualmente sigue vigente con el aval de un Congreso de mayoría oficialista.

Las organizaciones registran 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos, que se traducen en 15.289 hechos o afectaciones a derechos humanos recibidas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2024.

Entre los hechos denunciados más frecuentemente se encuentran las detenciones arbitrarias o ilegales, las violaciones al debido proceso, los allanamientos de morada, los tratos crueles o degradantes y el hostigamiento.

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