Caracas, 24 feb (dpa) – La defensa legal del alcalde metropolitano de Caracas y líder opositor venezolano, Antonio Ledezma, apeló hoy ante la justicia su encarcelamiento y los cargos por los que fue imputado de conspiración y asociación para el delito.
A la vez, personalidades de la oposición se sumaron con sus firmas al manifiesto que proponía un gobierno de “transición”, un texto que había suscrito Ledezma junto con la ex diputada María Corina Machado y el encarcelado dirigente Leopoldo López, y que derivó en la detención del alcalde, acusado de conspirar para derrocar al gobierno.
La apelación judicial fue presentada por el defensor Omar Estacio en el tribunal a cargo, después de que se difundiera una carta de Ledezma, escrita desde la cárcel militar de Ramo Verde, en la que pidió a la oposición que considerara pedir la dimisión del presidente Nicolás Maduro.
Estacio denunció que puede haber una “contaminación” desde el poder de las evidencias contra Ledezma.
“Cada día que pasa en la defensa crece la convicción de que son delitos totalmente inconducentes. Estamos actuando como defensores, no como políticos; denuncio que se está ejerciendo una contaminación de evidencias como una especie de política de Estado”, dijo a los periodistas.
Estacio dijo que Ledezma está en buen estado en la cárcel, con su espíritu de lucha vivo.
El alcalde, de 59 años, fue detenido la semana pasada en sus oficinas y Maduro señaló que tiene que pagar por sus actos, luego de que se divulgara un manifiesto sobre la “transición” firmado junto a López y Machado.
Ledezma escribió una carta desde la cárcel en la que propone a la oposición discutir la tesis de exigir la renuncia de Maduro, fortalecer la unidad y prepararse para las elecciones legislativas, que se realizarán este año.
“No pido clemencia, simplemente solidaridad oportuna para salvar la democracia en riesgo de desaparecer”, señaló.
La Fiscalía dijo que acusó a Ledezma de participar en planes de desestabilización, de los cuales fueron acusados varios estudiantes que están presos desde el año pasado.
En la jornada, Machado se reunió con un grupo de personalidades de oposición y líderes de opinión que apoyaron con sus firmas el polémico documento, que fue publicado el 11 de febrero.
“Si Maduro creía que apresando a un hombre honesto nos iba a paralizar, aquí tiene la respuesta”, dijo Machado al presentar a los nuevos firmantes del documento.
En la Asamblea Nacional, el oficialismo insistió en que el manifiesto era parte de una conspiración para derrocar al gobierno.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Tania Díaz, afirmó que el documento es una “trampa política” para violar la Constitución.
Dijo que el documento propone una “transición” para evadir los mecanismos electorales establecidos en la Constitución, plantea la privatización de empresas públicas y la solicitud de “dádivas” al Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El presidente Maduro está aquí por la voluntad popular. Ni el presidente ni el pueblo venezolano tienen ninguna disposición de renunciar, eso es una vil trampa jurídica”, recalcó.
Mientras, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y urgió al gobierno bolivariano a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición.
“La CIDH manifiesta su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos”, señaló en un comunicado.
También se mostró alarmada por las denuncias recibidas acerca de la presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos contra miembros de la oposición venezolana.
Asimismo, la oficina en Caracas de la delegación de la Unión Europea (UE) difundió una declaración en la que admite que la detención de Ledezma causó alarma.
“En un año en el que Venezuela celebrará elecciones legislativas, es fundamental que la libertad de expresión y los derechos fundamentales no sólo sean respetados, sino que también sean considerados como algo a ser respetado”, declaró el bloque a través de un comunicado.
Mientras, el gobierno brasileño reiteró su “gran preocupación” por la crisis en Venezuela, ante medidas que “afectan directamente a partidos políticos y a representantes democráticamente elegidos”.
