ANÁLISIS
Por Gabriel Túñez (dpa)
Buenos Aires, 16 feb (dpa) – Argentina vive conmocionada desde hace un mes por la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado terrorista a la AMIA, el más grave en la historia del país, y que cuatro días después de denunciar por encubrimiento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue hallado en su vivienda, cerrada con llave desde adentro, con un disparo en la cabeza.
El impacto que causó el hecho derivó en una grave crisis de gobierno, a sólo diez meses de que el Ejecutivo termine su gestión, y en un cruce de acusaciones y sospechas que la Justicia, sobre la base de las pruebas recogidas hasta el momento, no puede disipar completamente.
La grave acusación de encubrimiento formulada por Nisman fue desmentida y criticada en el gobierno debido a la supuesta la falta de solidez de los argumentos expuestos.
Otro fiscal, Gerardo Pollicita, pidió sin embargo formalmente la apertura de la investigación y el viernes imputó a Fernández de Kirchner, el canciller Timerman y dirigentes por supuesto encubrimiento. Como reacción, el gobierno respondió que la determinación de Pollicita es una maniobra de “golpismo judicial” que busca “desestabilizar la democracia”.
Nisman apareció muerto en su departamento ubicado en Puerto Madero, en uno de los barrios más exclusivos y vigilados de Buenos Aires, con un disparo en la cabeza efectuado por una vieja pistola calibre 22 que había pedido prestada a uno de sus colaboradores en la investigación del atentado, Diego Lagomarsino, hasta ahora el único imputado en el caso.
Lagomarsino admitió ante la Justicia, primero, y la prensa, después, que un día antes del hallazgo del cuerpo le llevó el arma a Nisman, quien desconfiaba de los diez custodios que lo seguían a toda hora y temía por la vida de sus dos hijas. El fiscal, según varias personas cercanas, “vivía paranoico y denunciaba cada amenaza que recibía”.
Justamente uno de los puntos oscuros de la investigación es el papel que cumplieron los policías que debían resguardar al fiscal y que, en principio, no solo permitieron que Lagomarsino introdujera un arma en la vivienda de Nisman sino que no dieron aviso de la muerte hasta diez horas después de ocurrida, entre las 14:00 y las 15:00 del domingo 18 de enero pasado, según la autopsia.
Uno de los primeros en llegar al lugar fue el secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, casi al mismo tiempo que los médicos. El funcionario inició la cadena que avisó de hecho a la jefa de Estado.
Las pericias realizadas al cuerpo del fiscal determinaron que el disparo fue efectuado a entre uno a tres centímetros de la cabeza, sobre la oreja derecha. El arma fue hallada junto al cadáver en el baño del departamento, al que la policía sólo pudo accider gracias a la intervención de un cerrajero y a la presencia de la madre de Nisman, llamada por los custodios.
Sin embargo, la mano derecha del fiscal, la que presuntamente sujetó y disparó la pistola, no muestra restos de pólvora como los que en la mayoría de los casos se encuentra en quienes hacen detonar un arma.
La muerte de Nisman ocurrió cuatro días después de que presentara en público una denuncia contra Fernández de Kirchner, Timerman y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas por supuesto encubrimiento de siete ciudadanos iraníes acusados de participar o ser los ideólogos en el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, cometido el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos.
Ante los cuestionamientos que había recibido su denuncia, Nisman tenía previsto concurrir el lunes 19 de enero al Congreso argentino para defender su hipótesis, pero fue encontrado muerto la noche anterior.
En las horas posteriores al hallazgo del cuerpo, la fiscal que lleva a cargo la investigación, Viviana Fein, pareció inclinarse por el suicidio como principal justificación del hecho.
Pero la propia Kirchner, por medio de dos cartas difundidas en su cuenta de Facebook y un mensaje a la ciudadanía, apuntó a la hipótesis del homicidio aunque, reconoció, sin pruebas que pudieran aportar claridad a la causa.
La mandataria relacionó la muerte del fiscal al vínculo cercano que mantenía con el agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, considerado un hombre temido y poderoso dentro del sistema de espías del Estado, al que perteneció durante 41 años y del que fue desplazado por el gobierno a fines de 2014.
La investigación judicial determinó que Nisman llamó reiteradas veces a Stiuso en los días anteriores a su muerte, y a partir de ese dato el gobierno decidió autorizar que el ex agente pudiera presentarse a declarar en el caso relevándolo del secreto que por ley ampara su pasado como agente de inteligencia.
La presunta conexión entre la muerte de Nisman y los servicios de espías, además, decidió al oficialismo a impulsar un proyecto de ley que disolvió la Secretaria de Inteligencia y establece un nuevo sistema de seguimiento y vigilancia estatal.
La conmoción que causó la muerte de Nisman no se apagó con el correr de los días.
Por el contrario, probablemente tenga este miércoles un capítulo importante cuando, al conmemorarse un mes del fallecimiento, una movilización convocada por los colegas de Nisman, y a la que se adhirieron los principales dirigentes políticos opositores, recorra en silencio las catorce calles que separan al Congreso argentino de la histórica Plaza de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno.
La marcha puede transformarse en un masivo reclamo de justicia y en una crítica a la gestión de Kirchner.
La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, reclamó “un trato prudente, ético y responsable” del caso “a todos los miembros de las instituciones del Estado”, y consideró denunciar la muerte del fiscal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El investigador y abogado argentino Martín Böhmer escribió que la muerte de Nisman, a un mes de ocurrida, “evidenció la falta de acuerdos sociales que complica crear instituciones sociales en el país”. Y agregó: “Nadie cree nada” en Argentina.
