San José, 14 may (elmundo.cr) – El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, la emprendió contra el medio EL MUNDO por informar que fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por presuntas actuaciones administrativas que habrían impedido el esclarecimiento de un posible conflicto de intereses dentro de la institución.
La denuncia, presentada por el periodista Sergio Zúñiga Ruiz, sostiene que la Rectoría, mediante la resolución R-286-2026, consolidó una “utilización excesiva e improcedente” del examen de admisibilidad para cerrar un caso sin permitir que fuera investigado por la Comisión Instructora Institucional (CII), órgano especializado en procedimientos disciplinarios.
Mediante el oficio R-3444-2026, el rector Araya señala que con la nota se genera “una interpretación incorrecta sobre las actuaciones de la Rectoría y del rector, Dr. Carlos Araya Leandro”.
“Resulta incorrecto afirmar o insinuar que la Rectoría “bloqueó” una investigación interna. La resolución emitida por la Rectoría respondió a un procedimiento administrativo ordinario sustentado en un criterio técnico y jurídico elaborado por la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, contenido en la Opinión Jurídica OJ-104-2026″, asegura el rector.
Además recalca que “dicho criterio jurídico concluyó expresamente que la autoridad competente tenía la obligación de realizar un análisis preliminar de admisibilidad de la denuncia, incluyendo la verificación de si los hechos denunciados constituían efectivamente una falta disciplinaria tipificada. La Oficina Jurídica recordó además que no toda denuncia implica automáticamente la apertura de un procedimiento disciplinario y que las autoridades universitarias tienen la potestad y el deber de rechazar aquellas denuncias que resulten evidentemente improcedentes o carentes de tipicidad”.
Según el rector el caso fue analizado por múltiples instancias universitarias, incluyendo la Dirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, el Tribunal Electoral Universitario y la propia Oficina Jurídica institucional.
“Tras ese análisis técnico, se determinó que los hechos denunciados no constituían una infracción disciplinaria y que, por tanto, la denuncia resultaba manifiestamente improcedente”, sostuvo.
El rector recalca que “la Oficina Jurídica concluyó que los hechos denunciados ocurrieron dentro de un proceso electoral universitario de naturaleza plebiscitaria supervisado por el Tribunal Electoral Universitario y no en el marco de una decisión administrativa ordinaria”.
“El Tribunal Electoral Universitario reiteró expresamente que no existe impedimento alguno para que una persona candidata participe en las votaciones correspondientes dentro de un proceso electoral universitario, por tratarse del ejercicio simultáneo del derecho a elegir y ser electo”, manifestó el rector.
De igual forma, el rector insiste en que “la resolución R-286-2026 de Rectoría acogió integralmente el criterio técnico de la Oficina Jurídica y rechazó el recurso de apelación planteado por el denunciante luego de verificar que las actuaciones institucionales se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico universitario y al debido proceso”.
El rector Araya señala como “preocupante” que no se le consultara antes de que el medio publicara que le presentaron una denuncia, pues asegura que no pudo ejercer su derecho de defensa ante “afirmaciones que afectan su imagen y gestión pública”.
