San José, 14 may (elmundo.cr) – La Presidencia de la Asamblea Legislativa declaró improcedente someter a votación el expediente número 25.400, que contenía una denuncia por hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, ordenando su archivo inmediato al considerar que el Congreso perdió la competencia para sancionarlo.
La resolución, emitida este jueves por la Presidencia del Directorio, se fundamenta en que, tras el vencimiento del periodo constitucional 2022-2026, Alvarado Muñoz dejó de ostentar la condición de diputado, requisito que el reglamento interno establece como “presupuesto jurídico esencial” para la aplicación de sanciones éticas.
“La condición de diputado o diputada no es un elemento meramente accidental, sino un presupuesto jurídico esencial para la procedencia del procedimiento y la imposición de la sanción”, señala el documento oficial.
El órgano legislativo basó su decisión en criterios de la Gerencia de la Asesoría Jurídica y del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, los cuales advirtieron que el reglamento actual no contempla la continuidad de la potestad sancionatoria una vez que el investigado deja su cargo.
La Presidencia enfatizó que proceder con una votación en estas condiciones implicaría una “interpretación extensiva” de las potestades sancionatorias, lo cual contraviene los principios constitucionales de legalidad y tipicidad.
Asimismo, advirtió que dictar una resolución contraria a la ley podría configurar el delito de prevaricato, según lo estipulado en el numeral 357 del Código Penal.
“Esta presidencia rechaza y repugna categóricamente todo actuar que pueda constituir acoso sexual, me corresponde velar porque el Plenario no adopte decisiones carentes de legalidad”, subrayó el Directorio.
La resolución aclara que este archivo no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados ni sobre la culpabilidad del exlegislador. Además, se informó que la denunciante mantiene vigente un proceso penal ante el Juzgado Penal de Desamparados, donde existen medidas cautelares activas.
Finalmente, la Presidencia del Congreso hizo un llamado a las fracciones legislativas para impulsar reformas reglamentarias que cierren los “vacíos legales” actuales, con el fin de evitar que futuros casos de esta naturaleza queden sin resolución ante cambios de periodo constitucional.
