San José, 4 set (elmundo.cr) – La diputada liberacionista Franggi Nicolás indicó las doce razones que ella destaca para que la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, deba renunciar a su puesto.
En primer lugar señala la presunta beligerancia política ya que siendo «defensora, presuntamente participó en actividades político-partidarias, razón por la que tiene una denuncia ante el TSE y ante la Procuraduría de la Ética para que se le investiguen por beligerancia».
Además, agregó que se han dado nombramientos ilegales de personas y que «a la fecha han existido múltiples denuncias contra Catalina Crespo por haber presuntamente realizado nombramientos ilegales de personas no idóneas para los cargos y sin que cumplan con los requisitos».
Nicolás indicó también que se dio la eliminación del consejo de directores con el fin de silenciar crítica y «pocos días después de que dicho órgano le pidiera la renuncia y denunciara su mal manejo interno, de manera unilateral, la Defensora eliminó este importante órgano adscrito a la estructura orgánica de la Defensoría, para adormecer la crítica interna».
«La defensora ha creado un mal ambiente laboral, existiendo poca o nula coordinación de su Despacho con los funcionarios y sedes regionales, provocando que al menos 82 funcionarios y la totalidad de los directores de la institución, hayan pedido su renuncia. Posteriormente muchos de ellos indicaron haber recibido represalias por parte de la Defensora”, agregó la diputada.
La legisladora manifestó que «desde su llegada, Catalina Crespo no ha querido firmar ciertas actas, debido a que su contenido no le favorece. Por otro lado, de manera atípica y contrario a las prácticas de transparencia, la Defensoría ha declarado diversos oficios como confidenciales y en claves para ocultar información”, y se han presentado múltiples quejas de diferentes organizaciones de derechos humanos.
Otro punto señalado por Nicolás es la pérdida del audio y la eliminación de nombres en el informe del caso UPAD, irrespetando los procesos de investigación interna y que «después de las múltiples críticas de diferentes sectores y medios de comunicación por intentar deshacer y acallar al Consejo de Directores, intentó componer con otra reforma estatutaria sus abusos y justificó su actuar en una aparente recomendación que le había hecho la Contraloría General de la República, que posteriormente desmintió haber emitido criterio alguno sobre la organización interna de la Defensoría».
Como noveno punto la diputada señala que la defensora de los Habitantes debe retirarse por el «constante irrespeto a recomendaciones y advertencias de la auditoría interna y el departamento legal».
«En forma subjetiva e irregular, la Defensora ha violentado la independencia funcional que por ley debe tener el Departamento de Prevención contra la Tortura, obstaculizando e interfiriendo en su mandato y poniendo en riesgo el cumpliendo sus funciones», añadió Nicolás.
Los puntos finales señalados por la diputada son la eliminación de la Contraloría de Servicios y que «la defensora de los Habitantes no ha presentado una estrategia institucional para orientar e integrar los planes de cada dirección técnica, presentó sólo un listado de temas sin identificación, orientación, ni estrategia, ni objetivo esperado».
