San José, 17 ene (elmundo.cr)- En 2o16 todas las empresas públicas se resistieron a depositarle el 3% de ganancias a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), según el informe N° DFOE-AE-IF-00015-2017 de la Contraloría General de la República (CGR).
El tributo es obligatorio por ley, según la legislación N° 8488 donde se estipula que del superávit o ganancias de cada entidad pública se debe depositar el 3% al Fondo de Emergencias de la CNE.
Sin embargo, la CGR aseguró que hace dos años ninguna empresa estatal depositó el dinero, afectando los recursos para atender cualquier emergencia a la que se enfrente el país, alegando utilidades específicas y no libre.
“En el 2016 ninguna de las empresas públicas declararon el tributo. Por ejemplo, el AyA dejó de pagar en 2014 y al igual que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, alegan que no deben pagar del tributo porque solo tienen superávit específico y no libre, pero la Comisión no ha gestionado el cobro a pesar de que la base imponible de estas instituciones son las utilidades que muestran sus Estados Financieros”, compartió Contraloría en un boletín de prensa.
La CGR también aseguró que no existe certeza sobre la instituciones que deben pagar el tributo, ya que la CNE tiene una “débil gestión de cobro”. De igual manera añadió que la institución no verifica que los depósitos hechos coincidan con las utilidades de las empresas.
“Por ejemplo, según lo declarado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal la Comisión podría estar dejando de percibir por el periodo a 2016 la suma de ₡156,7 millones”, informó el órgano investigador.
Además, la Comisión no gestiona aún la consulta jurídica para saber si las municipalidades y las universidades estatales -excepto el Instituto Técnico Nacional- deben aportarle al Fondo.
“La CNE no ha efectuado el análisis jurídico que establezca si las municipalidades y universidades estatales deben pagar el tributo, pues si bien la mayoría puede tener exención del pago de tributos, esta no se extiende a aquellos creados con posterioridad, como es el caso del establecido para la CNE”, difundió Contraloría.
También se comprobó que la insitución carece de un plan anual de inversiones del Fondo de Emergencias, “pues se limitan a determinar las necesidades de efectivo cada mes y decidir en ese momento si los títulos valores se redimen o reinvierten”.
Ante los señalamientos, la CGR ordenó a la Comisión establecer cuáles instituciones deben tributar y que no lo cumplen, y cuando sea necesario elevar las deudas a cobros administrativos. Agregó que se debe crear un plan anual de inversiones del Fondo de Emergencias.
