San José, 19 dic (elmundo.cr) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Honduras al declararlo responsable de no haber realizado una investigación diligente sobre el asesinato del candidato a diputado del Partido nacional, Ángel Pacheco León.
La sentencia fue emitida el pasado 15 de noviembre y notificada este martes por parte de la Corte (con sede en Costa Rica).
Pacheco León fue asesinado cerca de la medianoche del 23 de noviembre de 2001, cuando estaba ingresando a su domicilio junto a su hijo Jimmy, cuando un hombre corrió hacia ellos, evitó que cerraran la puerta y disparó varias veces con un arma de fuego.
Las elecciones legislativas se realizaron dos días después y Pacheco León obtuvo los votos necesarios para resultar electo, sin embargo, dado su fallecimiento, las autoridades decidieron que su hermano José Pacheco lo sustituyera.
El 24 de noviembre de 2001 tres personas fueron detenidas como sospechosas de haber cometido el homicidio y prestaron declaración. No obstante, más adelante fueron desvinculadas del proceso, a partir de distintos actos judiciales, siendo el último que consta de 3 de mayo de 2002.
También la Corte señaló que un policía podría haber sido el autor material del homicidio. Al momento de emitir la sentencia, la investigación no había concluido y ha habido prolongados períodos de inactividad.
“La Corte concluyó que el Estado no realizó una investigación diligente que permita, en un plazo razonable, avanzar en la determinación de los hechos y responsabilidades”, dice la resolución.
Por lo anterior, dicho organismo determinó que Honduras violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de 19 familiares de Ángel Pacheco León.
También estableció que el modo en que se condujo la investigación afectó la integridad personal de la madre de Pacheco León, así como de la compañera de él, uno de sus hijos, un hermano y una hermana.
En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado de Honduras adoptar medidas para continuar la investigación, investigar las causas del retraso procesal y de ser pertinente a los funcionarios involucrados, publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen oficial, establecer un protocolo de investigación, establecer un programa o curso permanente obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, y pagar las cantidades fijadas por daños materiales e inmateriales y por costas y gastos.
