San José, 26 may (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentará siete grandes retos en el sector de energía que debe enfrentar el país para mejorar la competitividad, productividad y generación de empleo, en el marco del Congreso Virtual de Energía y Ambiente 2021 durante las mañanas de los días 26, 27 y 28 de mayo.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica fue enfático en señalar que el gobierno ha descuidado al sector de energía hasta casi convertirlo en un tema de emergencia nacional.
Egloff indicó que “además de nuestras constantes denuncias por el aumento de las tarifas de electricidad y combustibles, enfrentamos retos transversales como por ejemplo que el sector de energía no tiene una verdadera rectoría”.
“En este momento el Minae supervisa el sector de ambiente, pero descuida la supervisión de la energía. Así mismo, a los industriales nos engañaron con el decreto para importar gas natural; el decreto que firmó el Presidente fue manipulado hasta solo permitir importar Gas Natural para sustituir búnker”, aseguró Egloff.
Los industriales señalaron que muchos de estos retos se pueden resolver con acciones concretas y donde el sector público y sector privado organizado pueden contribuir para su solución.
Principales retos del sector de energía
- Se requiere tarifas de electricidad y combustibles competitivas, y para ello es clave abrirse a la adopción de cambios tecnológicos, adaptarse a la disrupción energética y con entusiasmo explorar todas las alternativas que puedan brindar oportunidades al sector productivo.
- Retomar la discusión de una ley para la apertura del mercado de la generación eléctrica.
- El sector de energía no tiene una verdadera rectoría. El MINAE supervisa el sector de ambiente, pero descuida la supervisión del sector de energía. Por lo que durante el panel del vienes 28 a las 8:30 a.m. de la mañana con la Presidenta del Congreso, Silvia Hernández y con el Jefe de Fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, analizaremos propuestas del sector industrial, no solo para fortalecer la labor de ARESEP y que pueda defender mejor a los consumidores, sino para crear esa verdadera rectoría en el sector energía.
- Generación distribuida detenida por el gobierno: Por una parte el Sector eléctrico enfrenta la competencia que abrió la tecnología, permitiendo a los consumidores autogenerar electricidad, la respuesta ha sido lenta discutiendo y revisando y entrabando la actividad de generación distribuida, sin un liderazgo del MINAE, que se deja influir por el ICE y los concesionarios de servicio público.
- Nos engañaron con el decreto para importar gas natural, es urgente que se pueda importar libremente para reducir costos. En cuanto al combustible, gestionamos un decreto para facilitar la importación de gas natural, para incorporar un combustible de transición en nuestra matriz energética como una opción más competitiva y limpia desde la perspectiva ambiental, pero el decreto fue manipulado incorporando ilegalidades como que solo se puede importar Gas Natural para sustituir búnker.
- Incumplimientos de la ley. La rebaja de tarifas eléctricas que se dio en enero, se pone en peligro con una resolución del Ministerio de Hacienda que abre portillo al ICE para continuar sin aplicar las normas NIIF en todos los fideicomisos financieros que trata como operativos. Esto evidencia la falta de rectoría y coherencia entre los diferentes actores estatales del sector energía. Tendremos que seguir insistiendo ante ARESEP para que se cumpla la ley como corresponde y no se reverse la reducción de tarifas de enero 2021, sino que más bien se retome el trabajo para aumentar eficiencia y profundizar las rebajas, que eviten una crisis mayor en el sector eléctrico y productivo.
- Una refinería que no refina y con sus mecanismos de importación pretende subir el precio al GLP. Recientemente, recibimos la noticia de que RECOPE licitará una Terminal para importar gas licuado de petróleo por el pacífico. Mientras el sector privado busca alternativas más baratas y competitivas, el Monopolio del petróleo y sus derivados, busca hacer inversiones que a la fecha no se han requerido, con la única justificación de reducir el riesgo de transporte por el Atlántico, con el consecuente aumento en los precios del GLP en Costa Rica.
