San José, 15 nov (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista Fernando Zamora presentó un formal reclamo ante la Asamblea Legislativa por violentar el articulo 105 de la Constitución Política al condicionar la aprobación de los proyectos de ley a la Agenda 2030 de la ONU.
Zamora explicó que el dicho artículo “prohíbe limitar la potestad legislativa mediante ningún convenio salvo los tratados sujetos a derecho internacional”.
“Bajo la presidencia legislativa liberacionista se está implementando un acuerdo con funcionarios internacionales mediante el cual se califican los proyectos de ley bajo la Agenda 2030”, criticó.
Según el abogado “la crítica a la Agenda 2030 surge a partir de documentos oficiales de la ONU que dan por demostrado, por ejemplo, que sobre la base de aplicar dicha agenda, el año pasado se implementó el Informe de Planeamiento Familiar Mundial, donde abundan las referencias al aborto como método para mejorar la planificación demográfica”.
“Con base en la Agenda 2030, también se firmó la Declaración de Nairobi del 2019, que establece como objetivo tercero, el acceso al aborto y al concepto de autonomía corporal, o sea, la noción ideológica que justifica el aborto”, agregó.
Zamora indicó que “justificados en esa agenda 2030 se financian las giras internacionales de los relatores de la ONU que visitan las naciones miembros para presionarlas a que aprueben el aborto, como ya sucedió en Costa Rica con la visita de la relatora Mofokeng, que permaneció aquí en reuniones por 10 días y que en la lectura de su informe preliminar lamentó la prohibición del aborto en el país”.
“La agenda es una propuesta que al leer su letra menuda justifica políticas muy controversiales e iniciativas de ley graves como la que en España se aprobó que autoriza la mutilación genital a niños de 12 años y aquí en Costa Rica corre de hecho un proyecto de ley para autorizar lo mismo”, aseguró.
Ante esto, el abogado hizo hincapié en que “en el PLN han manejado con gran sigilo el acuerdo firmado en la administración pasada del PAC con el directorio legislativo de Liberación del año 2021. Han implementado en su Presidencia Legislativa calificación de proyectos de ley de acuerdo a esa agenda”.
“Esta maniobra debe detenerse de inmediato, si en Costa Rica se pretende imponer ese tipo de iniciativas, al menos lo deben de hacer de cara al pueblo”, concluyó.
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