San José, 29 nov (elmundo.cr) – Por iniciativa del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas (GPMD) y la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (UTIEG), el Directorio Legislativo aprobó un reglamento interno para garantizar la implementación de la “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”; No. 10.235, en el personal del Primer Poder de la República.
La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del GPMD y segunda secretaria del Directorio, explicó que de esta manera la Asamblea Legislativa atiende el plazo de seis meses establecido en el Transitorio I de la Ley 10.235, para cumplir con las obligaciones señaladas en el Capítulo III, “Prevención de la violencia contra las mujeres en la política”.
Alpízar señaló que “la Ley fue aprobada en mayo de 2022. Somos una de las primeras instituciones en definir los mecanismos internos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito político”.
“Veo con mucha satisfacción que lográramos esta meta en el marco del Día Internacional y Nacional para la Eliminación de todos los tipos de violencia en contra de la Mujer y frente a la igualdad real que debemos seguir fortaleciendo”, agregó.
Tras un exhaustivo análisis por parte de la UTIEG y el Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, el Directorio Legislativo resolvió establecer mecanismos que buscan promover un ambiente laboral libre de discriminación, en el que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente.
La legisladora Alpízar indicó que “ahora debemos empezar a trabajar en la reglamentación de esta Ley en lo atinente a las diputaciones. El Directorio Legislativo acogió la solicitud que hicimos desde el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y la UTIEG para crear un equipo de trabajo que ya se encuentra trabajando en una propuesta”.
El Transitorio II de la Ley No. 10.235 establece un periodo de un año a la Asamblea Legislativa para aprobar el reglamento para las diputaciones. Dicho plazo vence en abril de 2023.
¿Qué dice el Reglamento?
Además de adoptar una Política Institucional para atender, prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, la Asamblea Legislativa asume el compromiso de incorporar en la planificación y presupuesto institucional los recursos necesarios para generar campañas, programas y materiales sobre el tema.
El Departamento de Recursos Humanos estará a cargo de dar capacitaciones en igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres en política.
La funcionaria que vea vulnerado sus derechos políticos por razón de género dentro de la institución, podrá plantear una denuncia escrita o verbal ante la Dirección Ejecutiva y recibir el debido proceso en un trámite prioritario y expedito, el cual deberá resolverse en un plazo de tres meses.
Las sanciones a imponer por conductas de violencia contra las mujeres en política dentro de la Asamblea Legislativa, según sea la gravedad, podrían acarrear una amonestación escrita (falta leve), una suspensión sin goce de salario (falta grave) o despido sin goce de responsabilidad patronal o revocatoria del nombramiento por designación (falta muy grave), sin perjuicio de la vía penal o civil a la que mujer vulnerada pueda acudir.
