San José, 12 feb (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, celebró “que más diputaciones estén valorando sacar a las universidades públicas de la Ley de Empleo Público”.
Al respecto según publico La Nación, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) evalúa sacar a las universidades públicas del proyecto de reforma al empleo público, luego de atender gestiones de los voceros universitarios que piden ser eximidos del plan.
Así lo explicaron el jefe y subjefe de la bancada liberacionista, Luis Fernando Chacón y Karine Niño, respectivamente, quienes confirmaron que la petición está bajo estudio, aunque no hay una posición definida por el momento.
“Algunos diputados nuestros quieren analizarlo”, afirmó Chacón, horas después de que la bancada liberacionista llevó a cabo su primera encerrona para analizar las mociones y la versión más actualizada del proyecto.
Por su parte, Niño confirmó que se ha reunido con personeros de las universidades, y dice que le preocupa que los diputados “estemos rozando con la autonomía de las universidades contemplada en la Constitución Política”.
“Estoy en ese análisis. Como fracción, quedamos de revisarlo, hay mociones pendientes y el lunes lo estaríamos viendo”, agregó la legisladora.
Cabe destacar que, días atrás, los rectores de las universidades públicas les pidieron a los jefes de fracción una reunión de urgencia para oponerse al proyecto de empleo público; sin embargo, optaron por ir haciendo las reuniones con diputados individualmente, para posicionar su reclamo en contra de quedar bajo rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica en materia de manejo de personal.
El vocero liberacionista apuntó que “las universidades están pidiendo ser excluidas del proyecto, o bien acudir a un plan B, para que sean reguladas a través del Consejo Nacional de Rectores (Conare) en materia de contratación de personal docente”.
El objetivo de la reforma al empleo público es eliminar el sistema actual de salarios con pluses o incentivos. En su lugar, se establecería un salario global para los empleados públicos.
Para Vega “dejarlas ahí es absolutamente inconstitucional y ha sido uno de los temas que he mocionado desde el primer día, y que seguiré intentando enmendar”.
