San José, 24 mar (elmundo.cr) – Las universidades privadas en Costa Rica contribuyen con más del 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representan el 54% de los graduados en educación superior, según un estudio realizado por Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA) en conjunto con la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE).
El estudio, presentado el 20 de marzo en el Encuentro “Desafíos y Propuestas para una Educación Superior de Calidad: Experiencias en Latinoamérica”, analiza el impacto de estas instituciones entre 2018 y 2023, destacándolas como un “motor esencial para la economía nacional”.
El informe se divulgó en el contexto de la visita de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas (REALCUP) a Costa Rica. Expertos internacionales como Rodolfo y Ariana De Vincenzi, representantes de REALCUP, participaron en el evento que abordó temas como la flexibilización de trayectorias formativas, la transformación digital, el aseguramiento de la calidad y la internacionalización de la educación superior.
El estudio revela que las universidades privadas aportan directamente un 0.68% al PIB e indirectamente un 1.15%. Además, “más de la mitad de los graduados con título universitario provienen de universidades privadas, reduciendo brechas de género y acceso en zonas rurales”, según el informe. Otro dato relevante es que el 25% de los graduados de estas instituciones se especializan en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Rosa Monge Monge, presidenta de UNIRE, afirmó que “si Costa Rica quiere brindar oportunidades reales de estudio a ese 61% de jóvenes que no están logrando acceder a estudios universitarios, debe de manera decidida formular políticas públicas que potencien el crecimiento de la educación superior privada”.
Monge enfatizó que “el estudio confirma que las universidades privadas son un pilar estratégico para la competitividad y el crecimiento del país”.
El estudio subraya la necesidad de una mayor colaboración entre el sector privado y el Estado para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación superior.
