Guanacaste, 26 jun (elmundo.cr) – Comunalistas de Guanacaste solicitaron al Tribunal Administrativo de Transporte anular el acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP) que entregó la ruta entre Bolsón de Santa Cruz y San José a una de las empresas ligadas al Grupo Caribeños.
La Asociación de Desarrollo Integral de Estocolmo y la Federación de Uniones Cantonales de la Península, afectadas por la decisión del CTP, consideran que no fueron escuchados a la hora de entregar la ruta al emporio de Jorge Solano a través de la empresa Autotransporte Colorado, una de las más de 30 firmas vinculadas a este grupo autobusero.
La solicitud llega al Tribunal Administrativo de Transportes justo cuando el CTP está en el ojo del huracán, ante investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre funcionarios de la institución.
Asimismo, la entrega de esta ruta está impugnada ante el Tribunal Administrativo de Transporte, por lo que la solicitud de los vecinos de Santa Cruz y Nicoya se plantea como una coadyuvancia ante esa demanda.
EL MUNDO consultó al Tribunal Administrativo de Transportes sobre la resolución de este caso, y la posición sobre la solicitud de los vecinos, sin embargo, al cierre de esta nota no se había dado respuesta.
En su queja, los comunalistas señalan que pese a que se les dio audiencia para escucharlos, en realidad el CTP terminó decidiendo a favor de una empresa que no les dio las condiciones establecidas en la oferta que se suponía, respondía a criterios técnicos.
Entre esas condiciones se establecía que la empresa operadora debía poner dos buses, sin embargo, el CTP terminó aceptando la propuesta de la empresa que terminó poniendo un bus de segunda.
Además, reclaman que Autotransporte Colorado, de entrada incumplió las condiciones del concurso y que ignoraron los criterios de los usuarios de la región concretamente del distrito de Bolsón y Ortega.
Asimismo, cuestionan que al ser escuchados en audiencia, donde participó la directora del área técnica, Aura Álvarez, encontraron “una posición subjetiva e intransigente, ya que desde un principio menospreciaron la voluntad de las organizaciones civiles informado que se trataba de un mero trámite, señalando que ellos eran el órgano técnico y por lo tanto la audiencia no era de recibo para la decisión final, aspecto nos pareció sumamente delicado ya que el transporte público está en función de los usuarios”.
En esa audiencia también participaron los funcionarios del área técnica Freddy Quesada Alfaro y Manuel Sánchez Chacón.
Cabe destacar que la funcionaria Álvarez es investigada precisamente por resolver a favor de empresas de forma irregular.
