San José, 20 abr (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285).
La decisión se tomó tras identificar “múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos” asociados a la iniciativa.
El pronunciamiento de la UCR se basa en un análisis institucional exhaustivo, que incluyó observaciones de diversas instancias académicas como el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, y el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, entre otras.
El proyecto de ley busca titularizar flujos futuros derivados de la explotación de recursos minerales y energéticos para destinar los ingresos al pago de la deuda pública y la reducción de tasas de interés. Sin embargo, la UCR advierte que esta propuesta se sustenta en “proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico”.
La Universidad señala que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales”, lo que “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”.
Además, se advierte que los flujos financieros proyectados “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.
El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, generando “dependencia de verificadores externos”, lo que podría derivar en conflictos de interés y problemas de transparencia.
Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.
En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.
La UCR enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.
En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.
Durante la discusión en el plenario, la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda, cuestionó el enfoque estructural del proyecto, afirmando que “no puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.
Tasies advirtió sobre los riesgos del endeudamiento público y la necesidad de abrir un debate de fondo, planteando la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.
El director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.
