San José, 8 feb (elmundo.cr) – Tres proyectos de Ley distintos pero que persiguen un mismo fin, pretenden establecer un tope a los millonarios salarios pagados en el sector público.
Se trata de la cuasi muerta Ley de Empleo Público, expediente 19.506, propuesto por Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional (PLN); el proyecto 19.156 denominado “Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública”, propiedad del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la iniciativa 19.883 del Frente Amplio, llamado “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”.
De esos tres proyectos, solamente el de la liberacionista Piszk no está convocado a las sesiones extraordinarias del Congreso, tras tener el visto negativo de más de dos decenas de legisladores quienes, mediante una carta, advirtieron públicamente a Casa Presidencial que no apoyarían una vía rápida para votarlo.
Aunque el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís había convocado la iniciativa de los socialcristianos, una carta enviada por el Frente Amplio donde desacreditan ese proyecto lo hizo convocar también el de la fracción de izquierda.
De este modo, deberán ser los diputados quienes en conversaciones con el Poder Ejecutivo determinen cuál de las dos iniciativas se convertirá en Ley de la República o bien, logren un consenso para un texto común en el que la mayoría esté de acuerdo y pueda aprobarse.
LAS INICIATIVAS. El proyecto de Sandra Piszk para regular seis pluses salariales del sector público además estipulaba un techo salarial, determinado por el resultado de multiplicar 20 veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública.
En la actualidad, dicho salario ronda los ¢265 mil colones, de modo que el tope quedaría establecido en ¢5,3 millones de colones.
De seguido, la iniciativa del PUSC plantea que el tope salarial esté dado por el resultado de multiplicar 18 veces el salario más bajo pagado en el sector privado, que en la actualidad es de ¢293.132 colones, de modo que el tope sería de ¢5,27 millones de colones.
Finalmente, la propuesta del Frente Amplio usa una fórmula más complicada si se compara con los otros dos proyectos. La idea de los legisladores de izquierda es que el tope salarial esté dado por el resultado de la relación entre el salario base de un oficinista del Poder Judicial y el salario base mejor pagado en la Administración Pública.
Con los actuales salarios en ambos puestos, el resultado sería 12,92, número que se multiplicaría por el salario del oficinista de la Corte, que en la actualidad es de ¢424 mil colones, de modo que el techo sería de ¢5,4 millones de colones.
Para el Frente Amplio, la propuesta del PUSC pretende enganchar los salarios del sector público a los del sector privado, algo que no comparten pues se correría el riesgo de que los salarios en estos últimos no aumenten, pues implicaría aumentar automáticamente los del sector público.
Asimismo, afirman que la iniciativa al determinar que solamente subirán los salarios según la inflación, esto generaría un “congelamiento real permanente de los salarios”, inclusive los de aquellos funcionarios que no tengan salario de lujo y además, violenta el proceso de negociación que realiza la Comisión Nacional de Salarios, conformada por sindicatos, Estado y patronos.
Otra diferencia entre las iniciativas radica en que la del Frente Amplio pondría el tope a los salarios también en instituciones descentralizadas como ARESEP, Banco Central y Municipalidades, todas ellas que en la actualidad tienen leyes diferenciadas que determinan su régimen salarial.
El PUSC por su parte, sostiene que de la iniciativa deberían quedar excluidas aquellas instituciones públicas que operan en competencia, como la banca estatal, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad.
NEGOCIACIÓN. El diputado jefe de fracción y precandidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya dijo en un comunicado de prensa enviado ayer que el partido está dispuesto a negociar un texto de consenso para topar los salarios de lujo en el sector público.
De acuerdo con Araya, es posición unánime en la Asamblea Legislativa de que se debe poner un límite a las remuneraciones de algunos funcionarios quienes, amparándose en leyes y alejados de la política de austeridad pregonada por el actual Gobierno, se recetan altos aumentos salariales como recientemente ocurrió en el Banco Central y el Instituto Nacional de Seguros.
“Hay muchos aspectos que podemos analizar. Ambos proyectos establecen un tope a los salarios, pero sólo el nuestro ofrece una fórmula para hacer ese cálculo sin perjudicar a ningún sector. Nuestro proyecto también reconoce que no se puede tratar como iguales a entidades con dinámicas muy diferentes, como por ejemplo el ICE, que está en competencia, y el TSE”, dijo Araya Sibaja.
El PUSC por su parte ya ha estado buscando apoyos para su proyecto, inclusive reuniéndose con representantes de los sindicatos.
