San José, 18 jul (elmundo.cr) – La presidenta de Transvida, Keyra Yasdany Martínez, denunció que al Gobierno por persecución, discriminación y violencia de género contra las mujeres trans.
Pues asegura que decisiones que han tomado en los últimos días ponen en riesgo los programas establecidos y brindados de acompañamiento, capacitación de la población más vulnerable en pobreza extrema.
Según Martínez “las autoridades del nuevo gobierno costarricense tomaron la decisión de rescindir el convenio realizado entre Transvida, el INS y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por medio del cual se había acordado dar en préstamo gratuito una propiedad del INS ubicada en San José”.
“Dicha propiedad se encuentra en las inmediaciones de la antigua Coca Cola y se mantenía en desuso después de haberse ubicado allí las oficinas de atención de los afectados por el rompimiento de los acuerdo”, agregó.
Martínez aseguró que “el inmueble sería utilizado en las labores de información, capacitación y fortalecimiento para el empleo, educación abierta, formación personal y todas las actividades de acompañamiento a las mujeres trans en situación de vulnerabilidad y exclusión social”.
La Asociación Transvida nació en el año 2009 con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida a las mujeres trans y actualmente atiende a más de 500 al año, esto “debido a que el Estado no ha querido asumir sus obligaciones con esta población en materia de prevención, salud pública, justicia social y reparación histórica”, indicó Martínez.
Para Martínez “con esta decisión el gobierno incumple una vez más la promesa de que no habría retrocesos en los derechos adquiridos por las personas de la población trans, con el agravante de que con esta decisión afecta a la población más vulnerable y que históricamente más ha enfrentado el abandono por parte del Estado costarricense”.
“Este convenio permitía comenzar a saldar una VIDA deuda histórica del Estado costarricense con las mujeres trans, quienes tienen una esperanza de vida de tan solo 35 años, como consecuencia de la expulsión temprana del núcleo familiar y la exclusión social debido a los prejuicios, el estigma, la discriminación y violencia de género que enfrentan a diario por su identidad y expresión de género”, sostiene.
Martínez explicó que el convenio fue firmado por las gerencias generales del INS y el IMAS el 6 de mayo de 2022, con el apoyo de las respectivas presidencias ejecutivas. En una carta enviada por el gerente general del INS, Luis Fernando Monge Salas, a la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, le informa la decisión de acogerse a la cláusula de rescisión del contrato, argumentando “un cambio en la logística y necesidades de espacios institucionales”, sin dar ninguna explicación.
“El argumento del nuevo gobierno no es de recibo, y solo puede entenderse como una muestra de discriminación contra las mujeres trans incumpliendo su política de sostenibilidad donde se compromete a respetar y a atender los derechos de los grupos vulnerables y la erradicación de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones”, comentó.
Martínez dijo que “el INS se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo en muchos de sus departamentos, por lo que hemos sabido que cuenta con espacio libre en el edificio principal y tiene otras propiedades prácticamente en desuso. Además, la misma gerencia general que firmó el contrato justificando que no generaba afectación al Instituto de acuerdo con su planificación institucional, solo dos meses después cambia de criterio y anuncia su retiro”.
Adicionalmente, Martínez indicó que la firma del convenio con el INS aseguraba que la Junta de Protección Social (JPS) girara recursos a Transvida para la atención que realiza a favor de las mujeres trans, con lo cual la rescisión del convenio implicaría que la Junta también corte la entrega de dichos recursos, sin los cuales las tareas de Transvida desparecen.
“Además, desde mayo Transvida había comunicado al propietario del inmueble actual que iban a dejarlo. Esta decisión intempestiva y sin ninguna consideración y diálogo previo con Transvida pone el riesgo su futuro y la labor que realiza a favor de decenas de mujeres trans condenando a la Asociación a un cierre técnico”, destacó.
Martínez aclaró que en el local de Transvida se realizan diferentes actividades dirigidas a las mujeres trans, como capacitaciones para obtener trabajo, preparación para culminar su bachillerato de secundaria, formación para el desarrollo personal, y otras asesorías y acompañamientos destinadas a reducir su situación de vulnerabilidad y facilitar oportunidades de desarrollo personal.
Por otro lado, Trasvida expuso que recibió esta noticia de manera sorpresiva, sin ninguna oportunidad de explicar a las nuevas autoridades de gobierno sus consecuencias.
Ante esto, le solicitan a las presidentas ejecutivas del INS y del IMAS, Mónica Araya Esquivel y Yorleny León Marchena, así como a la junta directiva del INS, detener esta decisión y abrir un espacio de diálogo “para encontrar una solución que evite que, una vez más, el Estado le dé la espalda a las mujeres trans”.
También solicitan el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil; y les exigen a los diputados que “se dicen defensores de los Derechos Humanos, alzar su voz e incidir para evitar una nueva afrenta contra su dignidad y sus derechos”.
