Solo suscribiremos nuevos contratos con generadores privados si el país necesita esa electricidad, afirma presidenta ejecutiva del ICE

San José, 01 jun (elmundo.cr)- La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, Irene Cañas, afirmó que “solo suscribiremos nuevos contratos con generadores privados si el país necesita esa electricidad y si los estudios técnicos correspondientes así me lo permiten”.

Cañas señaló que “entre ayer y hoy, distintos medios han hecho publicaciones sobre la decisión que tomó el ICE de no renovar el contrato de compra de energía a la planta privada Río Segundo II. Frente a esto, como presidenta ejecutiva del Instituto debo reiterar que la institución ha cumplido a cabalidad con todos y cada uno de los contratos firmados con los generadores privados de electricidad”.

Para Cañas “esta decisión no es antojadiza. Responde a criterios técnicos y al marco legal vigente. No renovamos este y otros contratos porque la demanda de energía la tenemos cubierta. El país cuenta con suficiente capacidad instalada (más de 3500 MW) para satisfacer la demanda nacional (que ronda los 1737MW)”.

“¿Significa esto que queremos afectar al sector privado? No. En la actualidad tenemos vigentes 26 contratos de compra de energía entre el ICE y este tipo de productores”, aseveró.

“¿Afecta esto la des carbonización en Costa Rica como dicen algunos medios? Tampoco. Actualmente y en el mediano plazo, tenemos la capacidad de producir electricidad limpia con las plantas que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Inclusive, este año hemos alcanzado un nivel histórico de abastecimiento eléctrico renovable de 99,82%”, apuntó

Cañas indicó que “en el caso específico de esta planta privada, la compra de energía duró 24 años, período en el cual el ICE pagó a los propietarios $6,5 millones. Estos mismos propietarios recibieron además $13,14 millones por la compra de energía producida en la Planta Hidroeléctrica Poás I y II, entre 1997 y 2020. Es decir, lo cancelado a estos generadores en 24 años por parte del ICE asciende a un total de $19,64 millones”.

“Seguiremos trabajando colocando de primero la legalidad, el criterio técnico, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y los intereses del país”, concluyó.

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