San José, 24 sep (elmundo.cr) – La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia de Pensiones (Supen), presentaron una sinopsis de ambos sectores, con corte a agosto del 2024, la cual muestra un Sistema Financiero Nacional robusto.
A pesar de las dos recientes intervenciones de Coopeservidores R.L. y Desyfin S.A. y la necesidad de hacer un llamado urgente a reforzar el Sistema Nacional de Pensiones (SFP), para lograr su viabilidad futura.
El Sistema Financiero Nacional (SFN) presenta una suficiencia patrimonial promedio del 18,4%, muy por encima del límite regulatorio establecido en 10%, evidenciando un sistema financiero robusto, y resiliente frente a las posibles pérdidas no esperadas.
Asimismo, presenta un índice de liquidez (ICL) por arriba del mandato regulatorio ubicado en 1, de 2,81 veces en moneda nacional y de 2,14 veces en moneda extranjera, lo que muestra la capacidad para soportar eventuales retiros de depósitos.
La cartera crediticia retoma una senda de crecimiento ponderado del 6.1%., en donde el aumento lo lidera la colocación en dólares del 11.9%, en contraposición con la colocación en colones de un 3,3%.
La cartera otorgada a deudores expuestos al riesgo cambiario creció un 22%, siendo esta la cifra más alta de los últimos 11años, cuando en el 2013 mostró una variación del 25%.
Con respecto al índice de morosidad, se reportó un 2,1%, con un aumento en la calidad de la cartera, y una elevada cobertura de estimaciones por deterioro de cartera de un 192%.
Tras el efecto de la pandemia, las utilidades nominales del sistema financiero crecieron un 29% durante los últimos 12 meses, a pesar del fuerte incremento en estimaciones, producto de nueva normativa.
Para la superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, “el Sistema Financiero Nacional, no solo ha sido resiliente a los procesos de intervención, sino que ha demostrado una amplia robustez, en gran medida debido a la normativa vigente, a los esfuerzos de la supervisión, en pro de un sistema financiero sólido, transparente y confiable y sin dejan de mencionar el compromiso de las entidades financieras por avanzar en las mejoras de su gobernanza”.
“Para continuar con esta senda es necesario reforzar las potestades normativas de la superintendencia, por lo cual es vital que el Congreso apruebe las modificaciones a la Ley del Fondo de Garantía de Depósito N°9816, para así contar con mejores mecanismos de supervisión que incidirían en un accionar más ágil, pronto y eficaz”, agregó.
En cuanto al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), se tiene que los activos administrados alcanzaron el 50% del PIB, para un crecimiento del 6% entre el 2020 y el 2024, en donde predominan las inversiones en el sector público con un 65% de la composición total del portafolio (IVM, ROP, FCL, básicos, voluntarios y ocupacionales), seguido de las inversiones en el extranjero con un 17% del total y finalmente un 8% en el sector privado.
La normativa por su parte traerá un cambio significativo para marzo del 2025, cuando entre en vigor la ejecución de los fondos generacionales, con la cual se busca proteger a los afiliados y pensionados al ofrecerles una mejora en la gestión de las inversiones y una reducción en los costos, a través de una aplicación clara y ordena, gracias a una comunicación clara y coordinada con el sector.
Acerca del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los recientes estudios actuariales, refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo. Esto aunado a que la Población Adulta Mayor (PAM) se cuadruplicará, pasando de 476 mil en el 2020 a 1,7 millones el 2060, “lo que hace impostergable una reforma sustancial al sistema, de manera tal que se puedan obtener soluciones integrales para que todas las personas puedan optar por una vejez digna”, indicó la superintendente de pensiones Rocío Aguilar.
Es por esto que la Supen lidera un proceso de Diálogo Social, a través de comités inter participativos, con representantes de la academia, sector laboral y empresarial, del Estado y de la Defensoría de los Habitantes, con el fin de catalizar iniciativas que fortalezcan la seguridad social y que se prevé estén listas para el primer cuatrimestre del 2025.
