San José. 12 de mayo. (elmundo.cr) – El Colectivo Sindical Patria Justa, las Centrales Sindicales y el SEC realizaron un llamado a todas sus bases para que se preparen para una huelga general indefinida ante el nuevo “combo”.
Los gremios aseguraron a través de un comunicado de prensa que irán en contra de las iniciativas que buscan “racionalizar el empleo público, eliminar derechos laborales, empobrecer a la clase trabajadora, aniquilar el empleo público y ocultar la verdadera razón del déficit fiscal”.
El llamado lo hacen luego de que el pasado 1 de mayo del nuevo Directorio Legislativo anunciara que los proyectos que buscan racionalizar el gasto público serían aprobados en vía rápida.
LEA: Proyectos que reducen pluses en de empleados públicos recibirán vía rápida
“Reducir el derecho de cesantía, eliminar la dedicación exclusiva y la disponibilidad, así como minimizar el monto de las anualidades y derogar el derecho constitucional de la Negociación Colectiva, entre otros aspectos, no vendrían a solucionar el problema del déficit fiscal; por el contrario, alimentan el “estallido social”, aseguró la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) mediante un comunicado oficial.
Por su parte, Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación costarricense (SEC), comentó que el movimiento de presión se hará en las calles para que los proyectos sean archivados.
“La coalición que se conformó el 1º de mayo en la Asamblea Legislativa quiere esconder a la opinión pública el verdadero problema que tiene este país que es el déficit fiscal y que la clase trabajadora no es la responsable por la evasión del pago de impuestos”, agregó Olman Chinchilla de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).
Mientras tanto, esta semana, los gremios representantes de la Caja, el Ministerio de Trabajo y Salud, intentaron, mediante una ronda de negociaciones llegar a un acuerdo sobre el tema con representantes del Gobierno.
“El Gobierno presentó una propuesta que pretendía extender la discusión de diferentes proyectos de empleo público a lo largo de 6 semanas; sin embargo, entre los sindicatos hubo acuerdo en que ese era un tiempo totalmente inaceptable, por lo que no se aceptó la propuesta. Además con quien se debe discutir los proyectos no es con el Poder Ejecutivo sino con la Asamblea Legislativa”, concluyó Ricardo Molina, presidente de Apse.
