San José, 28 feb (elmundo.cr) – Representantes del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), recurrieron a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para solicitar a los congresistas que utilicen su poder político para sacar a la institución de la regla fiscal, obtener mayor presupuesto y solucionar una serie de graves inconvenientes adicionales que afectan a la institución.
Acudieron ante los legisladores amparados en el expediente 21.488 (temas varios de control político) los sindicalistas Ovidio Fernández, secretario general; Laura Rivera, María González, Bryan Martínez y Carlos Cabezas.
Fernández denunció lo que considera graves violaciones a los derechos de las personas menores de edad que se encuentran alojadas en los albergues del PANI, así como a los derechos laborales de los funcionarios que los atienden al cumplir largas jornadas de facto de hasta 15 horas de trabajo y luego continuar pendientes del mismo cuando se van a sus casas porque no hay quien los sustituya.
Se refirió a graves problemas de violencia e inseguridad que se están presentando al ubicar en un mismo albergue a menores con perfiles de conflicto con la ley, narcotráfico y drogadicción con otros que incluso enfrentan discapacidades como síndrome de Down o autismo o de primera infancia.
En el tema económico, los visitantes solicitaron a los diputados el apoyo político para sacar al PANI de la regla fiscal dado que los recursos que están recibiendo en la actualidad no son suficientes.
Explicaron que ya se les comunicó que por lo menos en estos primeros cuatro meses del año, no pueden tomar vacaciones, ni enfermarse, ni solicitar permisos sin goce de salario, por cuanto la institución no tiene recursos para la sustitución de personal.
Ya desde el 2018 se realizó un estudio en el que se demuestra la urgencia de la apertura de por lo menos 30 albergues más, pero no hay presupuesto, la oficina en Pérez Zeledón se inunda, en la de Jacó hay hacinamiento y puso como ejemplo que, aunque se indica que cada funcionario debe atender como máximo 45 expedientes, la funcionaria de Cartago atiende 1.000 y la de Pococí 800.
El congresista del Partido Frente Amplio, Jonathan Acuña, destacó la disminución del presupuesto por parte de la administración actual pues correspondiéndole al PANI para este 2023, un total de ₡94.404 millones, provenientes del 5% del Impuesto sobre la Renta, la administración de Rodrigo Chaves, amparado en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que estableció la regla fiscal, solo transfirió ₡52.839 millones, o sea que se le disminuyeron más de ₡41 mil millones.
La diputada del Partido Liberación Nacional, Rosaura Méndez, indicó que no se puede dejar por fuera de la atención institucional a niños con perfiles problemáticos, se requiere el establecimiento de albergues especializados y poder atender todas las necesidades de estos grupos de población menor de edad.
