San José, 14 ago (elmundo.cr) – El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ha identificado posibles vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley conocido como la Ley Jaguar 2.0, presentado por el Poder Ejecutivo a finales de julio.
Este proyecto, inscrito bajo el expediente 24.467, fue sometido a revisión tras una consulta facultativa enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y las observaciones realizadas podrían impedir que la ley sea sometida a referéndum.
Uno de los principales puntos de conflicto radica en la propuesta de reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Esta reforma pretende regular el arrendamiento financiero, un servicio de carácter crediticio.
Sin embargo, según el informe de Servicios Técnicos, la materia crediticia está explícitamente excluida de ser consultada mediante referéndum, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Por lo tanto, esta disposición genera serias dudas sobre su constitucionalidad.
Adicionalmente, el informe señala un potencial vicio de inconstitucionalidad en la propuesta de permitir la construcción de obra pública sin seguir el procedimiento de licitación pública estipulado en el artículo 182 de la Constitución. Este aspecto del proyecto también podría vulnerar principios constitucionales fundamentales, lo que complicaría aún más su viabilidad legal.
El TSE había solicitado esta consulta tanto a la Sala Constitucional como al Departamento de Servicios Técnicos para evaluar los alcances del nuevo texto y determinar si podía ser sometido a referéndum. Con las observaciones actuales, el proceso de llevar esta ley a consulta popular se enfrenta a obstáculos significativos.
El informe de Servicios Técnicos será un insumo clave para las próximas decisiones del TSE y la Sala Constitucional. Dependiendo de sus conclusiones, el futuro del proyecto de la Ley Jaguar podría verse seriamente comprometido, poniendo en duda la viabilidad del referéndum que el Poder Ejecutivo ha promovido como parte de su agenda legislativa.
