Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advierte posibles vicios de inconstitucionalidad en Ley Jaguar 2.0

San José, 14 ago (elmundo.cr) – El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ha identificado posibles vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley conocido como la Ley Jaguar 2.0, presentado por el Poder Ejecutivo a finales de julio.

Este proyecto, inscrito bajo el expediente 24.467, fue sometido a revisión tras una consulta facultativa enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y las observaciones realizadas podrían impedir que la ley sea sometida a referéndum.

Uno de los principales puntos de conflicto radica en la propuesta de reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Esta reforma pretende regular el arrendamiento financiero, un servicio de carácter crediticio.

Sin embargo, según el informe de Servicios Técnicos, la materia crediticia está explícitamente excluida de ser consultada mediante referéndum, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Por lo tanto, esta disposición genera serias dudas sobre su constitucionalidad.

Adicionalmente, el informe señala un potencial vicio de inconstitucionalidad en la propuesta de permitir la construcción de obra pública sin seguir el procedimiento de licitación pública estipulado en el artículo 182 de la Constitución. Este aspecto del proyecto también podría vulnerar principios constitucionales fundamentales, lo que complicaría aún más su viabilidad legal.

El TSE había solicitado esta consulta tanto a la Sala Constitucional como al Departamento de Servicios Técnicos para evaluar los alcances del nuevo texto y determinar si podía ser sometido a referéndum. Con las observaciones actuales, el proceso de llevar esta ley a consulta popular se enfrenta a obstáculos significativos.

El informe de Servicios Técnicos será un insumo clave para las próximas decisiones del TSE y la Sala Constitucional. Dependiendo de sus conclusiones, el futuro del proyecto de la Ley Jaguar podría verse seriamente comprometido, poniendo en duda la viabilidad del referéndum que el Poder Ejecutivo ha promovido como parte de su agenda legislativa.

Óscar Izquierdo señala que el Gobierno se precipitó al presentar Ley Jaguar 2.0

San José, 1 ago (elmundo.cr) – El jefe de fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, señaló que el Gobierno se precipitó al presentar la Ley Jaguar 2.0.

En La Entrevista con Marielos Gutiérrez, el diputado recalcó que “me parece que hubo una precipitación de parte del Ejecutivo, yo creo que estas cosas hay que hacerlas pausadamente, me parece que lo hicieron a la ligera”.

“Hay un principio básico, tan básico, que debo decirle a todos los costarricenses que ya la Asamblea Legislativa en ocasiones anteriores ha tomado decisiones de no proceder con un proyecto de ley hasta que no se tenga la sentencia integral de la Sala”, agregó.

El liberacionista explicó que “la Sala tiene que dar toda una explicación del porqué ellos consideran que es inconstitucional, entonces lo primero que hay que hacer es esperar a que la Sala explique, nos dé las explicaciones del porqué se declaró inconstitucional, entonces lo más lógico era pausar, esperar que la Sala dijera las razones y ahí en adelante pues sí considera el Ejecutivo si debería devolverse a presentar otro proyecto”.

Izquierdo recalcó que “hay una disposición en la Asamblea Legislativa por tender puentes, y yo particularmente como jefe de fracción he sido vehemente en eso, debemos de tener puentes, y estamos con toda la disposición de tender puentes”.

“Los proyectos de ley que se presentaron sobre seguridad estaban mal redactados y lo dice Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, eso está mal redactado, eso no se puede hacer, tiene roces de inconstitucionalidad”, indicó.

El diputado comentó que “yo puedo respetar y creo que es normal que un jurista como Fabián (Volio), a quien conozco y respeto, puede tener un criterio diferente a otro juristas, pero no le parece a usted y a los costarricenses, que un estadista, un presidente de la República donde oye criterios encontrados no deberían actuar más mesurado, y decir ante criterios encontrados voy a llamar a la Asamblea Legislativa, voy a llamar a los jefes de fracción para decirles cómo hacemos para construir un proyecto de ley donde haya consenso”.

“No es cierto que no podemos sacar proyectos Lo que sí es cierto, es que ha habido una inoperancia del Ejecutivo para poder transitar con los puentes adecuados”, aseguró.

Puede ver aquí La Entrevista con el jefe de fracción del PLN

Servicios Técnicos aclara que diputados de PSD no han renunciado al partido que los eligió

San José, 28 ago (elmundo.cr) – El Departamento de Servicios Técnicos aclaró que los diputados de Progreso Social Democrático no han renunciado al partido.

9 diputados de Progreso Social Democrático dieron su adhesión al Partido Aquí Costa Rica Manda, sin renunciar al partido por el cual fueron electos diputados.

Ante esto, señalaron que “el Directorio Legislativo, actuando en función administrativa, según las atribuciones instrumentales del artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no tiene competencia para interpretar o entender que determinada manifestación pública de un grupo de diputados, los convierta, de manera automática, en diputados independientes, cuando ellos le afirman al propio Directorio y a las autoridades de la Asamblea Legislativa, que no han renunciado al partido que los eligió ni a la fracción política respectiva; y tampoco existe prueba que hayan presentado esa renuncia ante el propio partido político o el Tribunal Supremo de Elecciones”.

“Consecuentemente, lo procedente es el rechazo de las solicitudes planteadas por la diputada Luz Mary Alpízar Araya, en el oficio AL-FPSD-LMAL-08-OFI-079- 2023 del 16 de agosto de 2023”, agregó.

Ante esto, la jefa de fracción de Progreso Social Democrático seguirá siendo la diputada Pilar Cisneros.

Nueva República molesto y pide explicaciones por manejo de informe en Comisión de Asuntos Sociales

San José, 13 oct (elmundo.cr) – Los diputados de Nueva República, David Segura y Rosalía Brown, mostraron su descontento en la Comisión de Asuntos Sociales, ante lo que consideraron una falta de respeto a su investidura tras el resultado del dictamen afirmativo de mayoría que se encuentra en el expediente 22,497.

Ambos diputados habían realizado un informe de minoría, sin embargo, presuntamente Servicios Técnicos habría utilizado esas firmas, donde solo modificarían la carátula del informe poniéndole que era el de mayoría y conteniendo la totalidad de firmas de la comisión.

Según Brown, ellos respetaron y sabían del informe de mayoría, no obstante ella y su compañero, realizaron uno de minoría donde hacían sentir las falencias del proyecto y por ende consideraban que pese a que respetaban la decisión del resto de integrantes, no irían con ellos en ese informe.

Es ahí donde se genera la sorpresa para ellos, ya que al ver el informe de mayoría final que se trasladó a la Secretaría del Directorio, se enteraron de que se habían adherido 3 firmas a su informe, lo cual no consideran prudente al cambiarle la caratula, sin ser los proponentes conscientes de los nuevos cambios. Por ello solicitaron un informe del procedimiento realizado, lo que consideran una vía irregular y opaca.

Para la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, ella analizó ambos informes y consideró que el realizado por el de Nueva República era mejor y según se lo permite el reglamento de la Asamblea Legislativa, se pueden adjuntar firmas al informe que considere, además recalcó que no se realizaron modificaciones de fondo, solo la adhesión de las firmas amparada en el reglamento.

Sin embargo, el diputado David Segura considera que eso se puede realizar si hay unanimidad de votación, y en este caso habían dos diputados en contra, los cuales hicieron el informe de minoría y así estaba sellado y recibido por la Secretaría del Directorio, donde se indica que presentaron un informe afirmativo de minoría, pero la Secretaría quitó la portada, pusieron que era un dictamen unánime afirmativo, tomándolo del expediente.

“¿Con qué criterio la Secretaría hace esto y sin informarnos? Si esto lo hace así la Secretaría es de manera incorrecta, porque el día de mañana puede pasar con cualquier otro proyecto, añadiendo que desea que se respete la posición realizada anteriormente”, manifestó Segura

La representante de Servicios Técnicos de la Comisión, consideró que lo argumentado por Segura fue muy “feo”, ya que con más de 30 años de ser abogada, “ni por doña Andrea, ni por ningún otro diputado voy a alterar ningún documento. Pensé que usted al haber sido asesor sabía que las firmas determinan el tipo de dictamen y en este caso al sumarse más firmas al de ustedes, se debe modificar, es una práctica que nosotros siempre debemos hacer. Nosotros no alteramos el documento, son los diputados y nosotros les ayudamos lo más que podemos y vemos la cantidad de firmas y eso genera el tipo de dictamen”, aseguró la representante de la comisión.

Al responderle el diputado Segura, con que si esas son las formas de cumplir con su ejercicio por más de 30 años y considerar que esa no es la manera en que debe pasar, la representante de Servicios Técnicos respondió que “ahora no voy a corregir absolutamente nada de su oficina. En ocasiones los documentos vienen muy malos, siendo dictámenes y dicen informes de subcomisión y todo eso lo debemos revisar porque es parte de nuestro trabajo, pero nunca me dijeron que les había alterado un documento, solo se modifica lo que viene mal y en este caso se cambia de minoría a mayoría por las firmas sumadas y mal haríamos si no lo hacemos de esa manera”.

EL MUNDO habló con Segura, quién catalogó la maniobra de sus compañeros de comisión y Servicios Técnicos como “poco elegante”, al considerar que el informe de minoría debía ir únicamente firmado por él y su compañera de fracción, así como por no tener la decencia de posterior a los cambios, consultarle a ellos.

El congresista manifestó que están analizando tomar acciones por el tema brindado por Servicios Técnicos, al decir que no se va modificar nada del despacho de Segura. “Sin duda fue un total irrespeto la forma en la que habló y nunca nos han mencionado que se haya enviado algún documento mal, sin embargo, si así fuese, para  eso están ella, para asesorar y advertir que si algo se debe modificar se realice, pero que ella diga que a este diputado no le va volver a ayudar me parece una falta de respeto y una falta a las funciones que ellos deben realizar”.

El legislador considera que a lo interno de la Comisión de Asuntos Sociales no se cuenta con un mal ambiente y que es presidido y liderada de la manera correspondiente por la liberacionista Andrea Álvarez.

Segura finalizó indicando que varios compañeros de comisión, le indicaron que para ellos se realizaba una alteración de documento, lo cual es delicado porque el día de mañana puede ser la misma práctica para otro documento, ya que en otra comisión sucedió algo similar.

“Vamos a esperar el criterio final de Servicios Técnicos, y tanto Rosalía como yo vamos a tomar acciones porque no estamos de acuerdo y no queremos que se vuelva repetir. No es algo personal contra las compañeras de la Secretaría, solo que no queremos que se siga repitiendo”, concluyó Segura.

Criterio legal confirma que diputados pueden sesionar aunque Presidencia no convoque proyectos

Durante las sesiones del Plenario es común ver a los diputados reunirse en la Mesa del Directorio para acordar la agenda del día. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 8 dic (elmundo.cr) – El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que funge como asesor legal de los diputados, declaró este lunes que los congresistas pueden sesionar en el Plenario aunque la Casa Presidencial no haya convocado proyectos de Ley para el periodo de sesiones extraordinarias.

El criterio fue solicitado por el Presidente de la Asamblea, Gonzalo Ramírez Zamora, luego de que durante diciembre surgieran versiones contradictorias sobre la posibilidad de que el Pleno pudiera conocer el informe sobre el caso del cemento chino, aunque no hubiese proyectos de Ley convocados por el Poder Ejecutivo.

La luz verde la emitió Fernando Campos Martínez, director interino del Departamento de Servicios Técnicos este lunes, mediante oficio AL-DEST-OFI-272 y del cual, EL MUNDO tiene copia.

Tal y como lo adelantó EL MUNDO desde el 23 de diciembre anterior, la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República (PGR) -en su figura de Abogado del Estado- dijeron, desde el año 1997, que el hecho de que Casa Presidencial controle la agenda parlamentaria durante las sesiones extraordinarias, no implica que el Congreso no pueda conocer de otros asuntos.

“Durante el período de sesiones extraordinarias, y según lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución, la Asamblea no podrá conocer otros proyectos que no sean los señalados en el decreto de convocatoria; sin embargo, no excluye la posibilidad de que la Asamblea en ejercicio de su función contralora, se avoque al conocimiento de asuntos que han sido conocidos y dictaminados por una Comisión Investigadora, por cuanto este período únicamente implica la pérdida en la iniciativa legislativa para los diputados, pero no de las otras funciones y actividades, como lo es el control político, la dirección política, el control parlamentario y la actividad jurisdiccional”, dijo el entonces Abogado del Estado, Adrián Vargas Benavides.

Asimismo, en 1997, la Sala Constitucional estableció que, si bien durante el periodo de sesiones extraordinarias el Parlamento no puede discutir iniciativas de Ley que no hayan sido convocadas por el Ejecutivo, ello no implica que los diputados pierdan sus otras obligaciones constitucionales.

“Con el período de sesiones extraordinarias, la Asamblea Legislativa únicamente pierde la iniciativa legislativa, pero no las demás funciones a ella encomendadas, entre las que destacan precisamente dos: la de legislar y la de ejercer el control político“, dice la sentencia citada en el criterio técnico-legal.

El director de Servicios Técnicos señaló que la función de control político que pueda llevar a cabo el Plenario Legislativo en el período de sesiones extraordinarias, se debe realizar en la Primera Parte de la Sesión Extraordinaria convocada al efecto, conforme lo dispone el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y siguiendo el orden de los asuntos que se encuentren debidamente agendados por la Secretaría de Directorio.

“La convocatoria de esas sesiones la realizará la Presidencia de la Asamblea y la dirigirá con base en lo regulado por el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”, afirmó

Con el visto bueno de su asesor legal, los diputados podrán sesionar a partir de este lunes para conocer los informes de comisiones investigadoras, incluyendo el del caso del cemento chino, así como nombramientos de magistrados y reformas al Reglamento de la Asamblea.