San José, 14 nov (elmundo.cr) – En un hecho de profunda repercusión para el movimiento sindical costarricense, cientos de delegados y asambleístas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) se reunieron este sábado en una Asamblea Extraordinaria para exigir la convocatoria inmediata a un nuevo proceso de elecciones generales en la organización.
La secretaria general del SEC, Yorgina Alvarado, destacó que la asamblea logró “enterrar los expedientes disciplinarios” en su contra, amparándose en la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Según Alvarado, este fallo desmoronó la maniobra de exclusión impulsada por la cúpula liderada por Gilberth Díaz, la cual había evitado los comicios originalmente previstos para octubre.
“El día de hoy logramos demostrar una vez más que el magisterio está organizado y que este sindicato, que se fundó en 1967 a base de la organización colectiva, una vez más pone sobre la palestra la importancia de hacer valer su voz”, afirmó Alvarado durante el encuentro.
La dirigente explicó que la asamblea tomó el acuerdo de impulsar el desarrollo del proceso electoral para el año 2027. Para ello, se nombró una comisión ad hoc encargada de investigar las situaciones acontecidas con los tribunales internos —tanto el electoral como el de ética— y presentar un informe que permita integrar, si fuera necesario, un nuevo tribunal que garantice un proceso “justo, transparente e imparcial”.
Alvarado enfatizó que su permanencia en la Secretaría General es transitoria y está supeditada a la voluntad de las bases. “Este puesto va a mantenerse hasta que se dé un proceso electoral que decida, a través de una elección justa, transparente e imparcial, que otra persona o que otro cuerpo directivo dirija nuestra organización sindical”, subrayó.
El conflicto interno, que ha mantenido al sindicato en una prolongada crisis de gobernabilidad, se agravó tras la exclusión de la papeleta opositora FARO y la denuncia de Alvarado sobre un intento de la dirigencia actual por perpetuarse en el poder.
Aunque la junta directiva actual permanece prorrogada por una certificación del Ministerio de Trabajo para evitar la acefalía operativa, Alvarado aclaró que dicha prórroga “fenecerá en el momento en el que un proceso electoral defina lo siguiente”.
La masiva concentración en el auditorio de la Conferencia Episcopal marca un punto de inflexión en la disputa, donde las bases han exigido un cambio de rumbo tras meses de tensiones, denuncias penales cruzadas y señalamientos de autoritarismo que han afectado incluso la operatividad administrativa del sindicato.
