San José, 20 feb (elmundo.cr) — La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk exigió al Gobierno sentar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan por los casos en que las viceministras de Presidencia, Gobernación y la de Vivienda han recibido sobrepagos por el incentivo de prohibición, sin contar con los requisitos que las acreditan para los mismos.
La legisladora reaccionó así a la investigación publicada hoy por EL MUNDO en la que se reveló que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte ha cobrado más de 30 millones de colones en el incentivo salarial de prohibición, sin cumplir los requisitos establecidos para ello.
Piszk recordó que el primer caso se dio en el año 2015, cuando se dio a conocer que la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz había recibido ¢11 millones de más en su salario durante casi un año, gracias al incentivo de prohibición y compensación que reciben los altos jerarcas de la Administración Pública por no poder ejercer su profesión de manera libre, mientras trabajan en el Estado.
Luego, EL MUNDO dio a conocer que la Viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos recibió desde mayo del 2014 y hasta finales del año pasado ¢10,8 millones de colones por el mismo incentivo de manera irregular.
“Ninguna de las Viceministras puede recibir el incentivo porque no ostentan ningún título universitario que las acredite, por ende, no son sujetas a dicho otorgamiento en virtud de que no pueden ejercer de forma liberal ninguna profesión”, aseveró la legisladora.
Adicionalmente la diputada indicó que no tiene justificación alguna aunque se les exija devolver los dineros porque de por medio existe una falta ética y una violación al deber de probidad de acuerdo a lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y menos aún que aleguen no tener responsabilidad o aduzcan desconocimiento cuando son conscientes de no contar con atestados académicos.
“No es posible que por tercera vez el país esté presenciado una falta de esta naturaleza por lo que deben sentarse las responsabilidades políticas y administrativas para todas las personas involucradas en estos casos”, puntualizó la legisladora.
