San José, 04 set (elmundo.cr) – El Territorio Bribrí de Salitre está en conflicto abierto y tiene poco control de las autoridades policiales, lo que posibilita las actuaciones delictivas, como agresiones verbales y con armas, amenazas y quemas de viviendas, así lo dio a conocer el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN), el día de hoy en la presentación del informe de la 12° misión realizada en el territorio.
El Observatorio destacó que existe un alto nivel de desmejoramiento de las condiciones de seguridad, a lo que se le suma un alto sentimiento de desconfianza y de pérdida de credibilidad por parte de la población indígena de Salitre hacia las autoridades, y viven en un ambiente cotidiano que perturba su paz como pueblo indígena.
Según el informe presentado, uno de los temas más preocupantes es el cambio que ha existido en las manifestaciones de violencia, las cuales se presentan un modo de operación más sistemática, de los primero hecho ocurridos en el año 2012. “Hay forma de operación organizada de la violencia en la quema de las casas, con la presencia de grupos de personas que portan palos, tubos y que se movilizan rápidamente hacia los lugares donde suceden los hechos de violencia, estos grupos permanecen en una actitud provocativa y de amenaza”, destaca el informe.
Es importante señalar que existen actores externos al Territorio Indígena Salitre, que son no indígenas, que han sido identificadas por las familias afectadas como los responsables de las agresiones, como parte de la información brindada por la ODHAIN, se conoce que las familias violentadas no ha opuesto resistencia a la agresión y tampoco defensa, situación que les torna más vulnerables.
Ante tal situación el Observatorio llama la atención sobre la carencia de intervención gubernamental, la cual ha sido casi nula a pesar del recrudecimiento de la violencia en los últimos días.
“Las instituciones del Gobierno continúan ausentes, esto es, no acuden a atender a las emergencias ocasionadas por este conflicto dentro del Territorio Indígena, en particular las instituciones de atención social, como por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)”, comentó Marcela Zamora, representante del ODHAIN.
Además, se le suma el incumplimiento por parte del Estado costarricense de la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual estimó la necesidad de implementar un protocolo para la creación de medidas cautelares en la zona, el cual hasta el momento es inexistente.
El ODHAIN reitera que el Gobierno debe asumir el cumplimiento de la leyes y directrices internacionales para la protección de los pueblos indígenas y llevar a cabo el establecimiento inmediato del protocolo para la instalación de medidas cautelares, con el propósito de reinstalar la paz en el Territorio Indígena Salitre y revenir que la violencia tenga consecuencias irreversibles, que empañen la vida social, emocional, cultural y política de la comunidad de Salitre.
Asimismo, funcionario del Observatorio fueron claros en mencionar la necesidad de que la Viceministra de Asuntos Políticos y de Diálogo, Ana Gabriel Zúñiga, retome el dialogo, y con acciones afirmativas, cumpla con el acuerdo establecido en el 2014, con el propósito de solucionar el conflicto relacionado con la recuperación de las tierras. “De no ser así, sería el Estado-Gobierno el primer responsable de todo lo que pueda ocurrir”, concluyó Zamora.
