San José, 11 ago (elmundo.cr) – El Ministerio de Justicia y Paz defendió la decisión de dar por finalizado el convenio suscrito con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales, al asegurar que la medida se encuentra plenamente respaldada por el marco jurídico vigente y responde a necesidades de seguridad penitenciaria.
Mediante un comunicado oficial, la cartera indicó que el acuerdo establecía expresamente que cualquiera de las partes podía ponerle fin cuando lo considerara conveniente.
Según el Ministerio, la decisión obedece exclusivamente a criterios de seguridad y a la necesidad de optimizar los recursos policiales del Estado en un contexto marcado por la presencia de privados de libertad de alta peligrosidad.
“Hoy Costa Rica enfrenta un escenario distinto, marcado por la presencia de privados de libertad de altísima peligrosidad y por la necesidad de fortalecer la seguridad dentro de los centros penitenciarios”, señaló la institución.
La cartera añadió que, ante este panorama, considera prioritario que la Policía Penitenciaria concentre sus esfuerzos en las labores para las que fue creada, entre ellas el reforzamiento de la vigilancia, los fortines, las pasarelas y los controles internos en las cárceles.
Asimismo, recordó que la legislación vigente asigna al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la responsabilidad de realizar los traslados de personas privadas de libertad hacia los despachos judiciales y su posterior retorno a los centros penales.
El Ministerio también destacó que el propio Ministerio Público ha sostenido que la presencialidad constituye la regla general en los procesos judiciales, mientras que la virtualidad debe considerarse una excepción.
Como respaldo a esa posición, indicó que durante 2025 se efectuaron aproximadamente 2.800 audiencias virtuales, frente a unos 23.400 traslados de privados de libertad realizados por el OIJ hacia los tribunales de justicia.
“Estos datos evidencian que el sistema judicial opera, principalmente, mediante audiencias presenciales”, afirmó la institución.
Finalmente, el Ministerio de Justicia rechazó que la terminación del convenio implique una limitación al acceso a la justicia o una afectación a los derechos de las personas privadas de libertad.
“La terminación del convenio no limita el acceso a la justicia, ni afecta los derechos de los privados de libertad. Se trata de una decisión administrativa adoptada dentro de las facultades legales del Ministerio de Justicia y Paz para atender las actuales necesidades de seguridad del sistema penitenciario”, concluyó el comunicado.
