San José, 22 ago (elmundo.cr) – La Sala Tercera mediante una resolución, que fue avalada por la Corte Plena, desestimó la acusación contra el diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, por el delito de concusión.
El exasesor legislativo, Andrés Monge, demandó en 2018, ante el Ministerio Público a Vargas, por supuestamente rebajarle la mitad de su salario y asignársela como pago a otro trabajador.
Por su parte el diputado denunció por el presunto delito de extorsión, a su exasesor, ante la Fiscalía General de la República.
Al inicio de la administración Monge hizo un pacto voluntario con Marco Montenegro, otro colaborador que trabajaba ad honorem para el escaño. El acuerdo constaba en el primero le iba a entregar la mitad de su salario al segundo para recompensar sus labores mientras se abría una plaza, según explicó el diputado.
Vargas aseguró, en aquel momento, que él no tuvo nada que ver dentro de este compromiso, pero que aun así Monge lo utilizó para pedirle dinero a cambio de quedarse callado.
Ante la resolución, Vargas señaló que “me siento sumamente satisfecho por la resolución, de la Sala Tercera la cual fue avalada por la Corte Plena, donde de forma categórica y por una amplísima mayoría de tres cuartas partes de sus integrantes, se declara que la absurda denuncia formulada en mi contra por el señor Monge Marranggello, debe ser DESESTIMADA”.
“Lo que significa que la causa penal en mi contra NO PROCEDE SER CONTINUADA, por una PODEROSÍSIMA RAZÓN, que los hechos denunciados en mi contra NO SON DELITO, no corresponden a ninguna figura delictiva que exista en el Código Penal Costarricense”, agregó.
Vargas continúa indicando que “así mismo, esta resolución no es antojadiza, sino que contiene un extraordinario análisis de la ley penal, de la doctrina y del Derecho, por la cual se analiza la prueba recibida ante la Fiscalía General y se llega a la convicción, fundada e ilustrada, de que los hechos denunciados NO SON DELITO”.
“Con todo lo anterior se reafirma mi confianza en el Poder Judicial de Costa Rica”, concluye el legislador.
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