San José, 24 jun (elmundo.cr) – La Sala Constitucional admitió un recurso de habeas corpus y pidió a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) que rindan un informe detallado sobre la detención, ocurrida el 22 de junio de 2026, de una persona de nacionalidad palestina—identificada preliminarmente como de apellido Abuawad—por presuntos vínculos con la organización Hamás.
Contexto del caso
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El recurso lo interpuso Janekeith Durán a favor del detenido; la presentación señala que la información pública disponible es escasa y no permite conocer la identidad completa, las razones concretas de la aprehensión, el lugar de reclusión, las condiciones de custodia ni el acceso efectivo a defensa y comunicación con familiares.
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Según la petición, la persona sería originaria de Cisjordania (no de la Franja de Gaza), de perfil joven, sin formación militar conocida ni antecedentes públicos que indiquen vinculación con estructuras armadas, y habría ingresado a Costa Rica aproximadamente hace un año para reunirse con familiares dedicados a actividades comerciales en Cartago y Puntarenas.
Órdenes y plazos de la Sala
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La Sala Constitucional solicitó a las autoridades recurridas que presenten, en el plazo de tres días naturales desde la notificación, un informe único, bajo juramento, con copia certificada y foliada de las piezas esenciales del expediente y de cualquier soporte electrónico o informático relacionado con la causa; la omisión podrá implicar que se den por ciertos los hechos alegados por la parte recurrente.
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Además, la Sala ordenó medidas provisionales: que el detenido no abandone el territorio nacional salvo que lo manifieste libre y voluntariamente con patrocinio letrado y habiéndoseles advertido las consecuencias jurídicas de su decisión.
Transparencia y calificación de organizaciones
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El recurso alude a una solicitud de acceso a la información hecha el 8 de abril de 2026 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que se pidió el Decreto Ejecutivo o acto administrativo que califica a actores o a la organización Hamás como “terroristas”; la Cancillería respondió que el acta del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde se habría adoptado el acuerdo no obra en su poder y remitió a ese órgano para gestionar el documento.
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La parte recurrente argumenta que la ausencia de plena transparencia sobre el instrumento jurídico que habría servido de fundamento para la detención torna imprescindible el control judicial estricto sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad de cualquier restricción de libertad.
Responsables y seguimiento
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La resolución designa como instructor del expediente al magistrado Jorge Araya García y advierte que la desobediencia a órdenes de la Jurisdicción Constitucional puede acarrear sanciones penales o multas para quienes incumplan.
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La Sala detalla los medios por los que debe presentarse el informe (documentación física en Secretaría, fax, Sistema de Gestión en Línea o correo electrónico exclusivo de la Sala) y exige firma digital o digitalización de la firma física para acreditar autenticidad.
Qué sigue y preguntas abiertas
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En los próximos días, las autoridades tienen la carga de presentar las pruebas y los informes requeridos; dependiendo del contenido de esos documentos la Sala podrá ordenar medidas adicionales o declarar con lugar el habeas corpus si encuentra violaciones a derechos fundamentales.
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Quedan pendientes de aclarar públicamente: la identidad completa del detenido, el fundamento jurídico preciso de la detención (incluido el eventual Decreto o acto que califique a Hamás), el sitio y condiciones de custodia, y el acceso a defensa técnica y comunicación con su familia.
Breve comentario (para el lector)
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El expediente pone en tensión derechos fundamentales (presunción de inocencia, protección de la dignidad humana y garantías procesales) frente a preocupaciones de seguridad nacional, y lleva a la Sala Constitucional a exigir transparencia y evidencia documental antes de permitir medidas extremas contra una persona detenida por presuntos vínculos internacionales.
Documento revisado
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Resolución de la Sala Constitucional en expediente N° 26-022428-0007-CO, notificada el 23 de junio de 2026, que ordena la rendición de informes y medidas provisionales en relación con la detención ocurrida el 22 de junio de 2026.
