San José, 12 abr (elmundo.cr)- La Sala Constitucional resolvió este jueves que el proyecto “Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa”, no presenta vicios sustanciales de inconstitucionalidad.
El mismo había sido aprobado en primer debate en octubre del año anterior, sin embargo, fue enviado a consulta por los diputados del Frente Amplio, Jorge Arguedas, Ligia Fallas, Suray Carrillo, Patricia Mora, Francisco Camacho, Gerardo Vargas Varela y José Ramírez; así como Marvin Atencio del PAC y los independientes Víctor Morales Zapata, Carlos Hernández y Carmen Quesada.
Dicha iniciativa tiene como objetivo reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial modificando una serie de aspectos que rigen actualmente para los funcionarios.
“Ahora tenemos que esperar el voto completo para poder continuar con la votación, por supuesto muy satisfechos, esto culmina una tarea que nos habíamos impuesto desde el puro principio: afectar todo lo que tiene que ver con pensiones de lujo y con esto me parece que terminamos esta tarea. Con ello se logrará darle sostenibilidad al Régimen de Pensiones del Poder Judicial”, explicó la diputada Sandra Piszk.
Entre los principales cambios que contempla el proyecto se encuentra la edad de retiro, que pasaría de 60 años en mujeres y 62 en hombres, a 65 años para ambos géneros. Además, el tiempo de servicio para poder acogerse a la jubilación pasara de 30 a 35 años.
Otro cambio que contempla el proyecto recae en poner topes a las pensiones, de modo tal que estas pasarían a ser de un máximo de 10 salarios mínimos del sector privado, es decir, alrededor de ¢4 millones. Asimismo, los ya pensionados tendrán que pagar una “contribución solidaria” sobre el exceso del tope de pensión que va de un 35% a un 55%.
Por otro lado, el proyecto contempla que la pensión ya no se calcule con el 100% del salario, sino que se bajaría a un 83%.
Ahora el proyecto deberá ser votado en segundo debate.
