San José, 3 jun (elmundo.cr) – El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, compareció este miércoles ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José en calidad de ofendido, en el marco de la investigación por los daños ocasionados al patrimonio institucional durante la toma del edificio administrativo B.
El proceso, que se tramita bajo el expediente 26-001132-0175-PE, busca esclarecer los presuntos delitos de daños agravados cometidos en el inmueble, el cual fue ocupado por un grupo de manifestantes entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026.
“Hemos cumplido con el deber institucional de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos concretos que deben investigarse. No corresponde a la Universidad prejuzgar personas; pero sí corresponde defender la protesta pacífica, proteger los bienes públicos y garantizar el debido proceso”, afirmó Araya tras su declaración.
Según detalló la administración universitaria, la reparación de las instalaciones ha requerido una inversión de ₡37 millones de fondos públicos. Tras la recuperación del edificio, la Oficina Jurídica documentó daños que incluyen grafitis con amenazas de muerte contra funcionarios, vidrios quebrados, cerraduras forzadas y afectaciones en sistemas de telecomunicaciones y protección contra incendios.
Araya enfatizó que la institución no busca criminalizar la protesta, la cual calificó como un valor fundamental de la vida democrática y universitaria. No obstante, subrayó que “la defensa de la educación pública no puede confundirse con daños al patrimonio público, afectación de oficinas, equipos o servicios que pertenecen a toda la comunidad universitaria y, en último término, al país”.
Además de la causa penal por los daños, la Vicerrectoría de Docencia interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la desaparición de diversos bienes institucionales, entre ellos computadoras portátiles y dispositivos electrónicos.
La Universidad ha colaborado con las autoridades entregando grabaciones de cámaras de seguridad y registros de cámaras corporales de los oficiales de seguridad. El rector reiteró que la posición de la administración es mantener el respeto al debido proceso, sin que esto implique una persecución contra el movimiento estudiantil, sino el cumplimiento de una obligación legal de resguardar los bienes de la institución.
Este suceso se suma a la reciente decisión del Consejo Universitario, que el pasado 27 de mayo aprobó un acuerdo para replantear los respaldos institucionales otorgados previamente a la ocupación, aclarando que estos no eximen de responsabilidad por actos de vandalismo o daños patrimoniales.
