San José, 7 ene (elmundo.cr) – El Poder Ejecutivo convocó este 11 de diciembre a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que pretende castigar la introducción de celulares a los centros penitenciarios del país.
El Expediente N.⁰ 21 564, “Ley contra la facilitación de la delincuencia desde los centros de detención”, tiene como objetivo adicionar un nuevo artículo al Código Penal para sancionar la introducción de aparatos de telefonía y telecomunicaciones en los centros de detención.
El Gobierno de La República incluyó la propuesta en la ampliación de la agenda que tendrán que discutir los diputados hasta el 31 de julio de 2021.
La congresista independiente Ivonne Acuña Cabrera propuso este proyecto el 27 de agosto de 2019.
El proyecto propone una multa de 10 salarios base del poder judicial, es decir, 4 millones 462 mil colones, para la persona que ingrese celulares, cargadores, piezas de teléfonos o cualquier otro artefacto que facilite la comunicación desde los centros penales.
Para ello, establece tres penas distintas:
- 3-5 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en el caso de los funcionarios de ese sector
- 3-5 años de inhabilitación para contratar con la administración pública, en el caso de las personas proveedoras de bienes y servicios
- 10 salarios base (un 50% de los ingresos diarios de una persona) y un impedimento de un año para visitar cárceles, en el caso de un particular
Con el fin de ejecutar las dos últimas medidas, el plan ordena al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) la elaboración de una base de datos nacional de sancionados, así como la construcción de un protocolo para la revisión de vehículos y artículos de proveedores de bienes y servicios.
Según datos del Ministerio de Justicia, entre los años 2010 y 2018 decomisaron más de diez mil aparatos celulares en todas las cárceles, lo que alarma a las autoridades, ya que, la mayoría de esos artefactos son utilizados para cometer delitos como estafas y extorsiones.
La iniciativa también incluye el despido e inhabilitación por más de tres, y hasta cinco años, para el ejercicio de funciones públicas, al trabajador del Estado que sea sorprendido ingresando esos aparatos de comunicación.
De igual manera sucederá con las empresas que vendan algún bien o servicio a las cárceles y cuyos empleados utilicen ese acceso para introducir teléfonos celulares.
Para la ejecución de estas medidas, la diputada Acuña señaló que se deberá elaborar y poner en funcionamiento una base de datos nacional y actualizada, de las personas sancionadas, con el fin de que el o la infractora, no ingrese a los centros penales mientras la sanción esté vigente.
Acuña aseguró que esta ley será la única forma de llevar un poco de tranquilidad a los costarricenses y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delincuentes que se adueñaron de las cárceles.
