San José, 08 feb (elmundo.cr) – La Universidad de Costa Rica externó su posición “con análisis técnico” de Ley de Marco de Empleo Público.
Según destacaron ante la discusión sobre el expediente legislativo N° 21.336, Ley Marco de Empleo Público “un grupo de especialistas de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis del proyecto de ley para determinar sus implicaciones en la sociedad costarricense”.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, añadió que “trabajará este año una propuesta conjunta con el Consejo Universitario y los diferentes sectores de la Universidad para modernizar la escala salarial, para corregir las desigualdades que existen actualmente y garantizar la sostenibilidad de la institución en el tiempo. Esto se realizará mediante un proceso de diálogo amplio con la comunidad universitaria”.
Además, tras un análisis detallado, la comisión emitió un criterio sobre las implicaciones negativas en los ámbitos jurídico, económico y político de la eventual aprobación del proyecto de ley.
Algunas de las principales conclusiones son las siguientes:
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No se tiene certeza económica del aporte de la eventual Ley Marco de Empleo Público a la reducción del déficit fiscal. Esto porque el proyecto de ley carece de estudios técnicos e información específica sobre las escalas salariales que permitan determinar el ahorro real que implicaría para el país.
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La afectación salarial podría reducir el consumo y la demanda interna, lo que dificultaría la reactivación económica.
De igual forma desde la Universidad de Costa Rica aseguraron que “el proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad pues afecta el régimen de autonomías de la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades. En particular preocupa la afectación de su autonomía administrativa y en el caso de las universidades también su independencia organizativa, pues se altera su capacidad para establecer sus propias normas de autogobierno, potestad que incluye el establecimiento de sus propias normas laborales y salariales internas”.
“La discusión acelerada de este proyecto de ley no ha permitido el verdadero espacio de diálogo, reflexión y debate sobre sus implicaciones. Su impacto en amplios sectores de la sociedad, podría generar un clima de agitación social que polarice aún más al país, profundice la crisis económica y afecte los acuerdos con el FMI”, agregan.
En cuanto a la independencia de gestión, la directora del Consejo Universitario, M Sc. Patricia Quesada Villalobos, señaló que “no queremos hablar de autonomía como un fin en sí mismo, sino hacer ver que esta es más bien una garantía para que el trabajo que se realiza, por ejemplo en el desarrollo de las artes y las ciencias, el libre pensamiento y la libertad de cátedra, pueda funcionar independientemente de los intereses políticos de gobiernos de turno”.
Por último, el Dr. Felipe Alpízar Rodríguez, secretario académico de Rectoría, resaltó que “este informe no pretende eximir a la Universidad de su responsabilidad ante la compleja situación fiscal que vive el país, y añadió que este tipo de reformas deben plantearse a partir de la discusión del modelo de país que se quiere y el papel que juegan las instituciones en el desarrollo de la sociedad del bicentenario”.
