San José, 25 may (elmundo.cr) – La reciente alianza anunciada por Esencial Costa Rica y Uber para fortalecer la experiencia turística en el país abrió nuevamente el debate sobre la situación legal de la plataforma de transporte en Costa Rica.
En el comunicado divulgado este jueves, Esencial Costa Rica indicó que la colaboración busca “promover destinos, experiencias locales y contenido turístico para acercar a más visitantes a la esencia de Costa Rica mientras recorren el país”.
Sin embargo, el anuncio también revive una contradicción que persiste desde hace varios años: aunque Uber opera en el país, cobra y tributa el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), su actividad no cuenta con autorización formal dentro del marco regulatorio del transporte público.
Actualmente, los oficiales de tránsito continúan aplicando multas, decomisando placas y sancionando vehículos que brindan servicio mediante plataformas digitales, lo que ha provocado incidentes que afectan tanto a usuarios nacionales como a turistas extranjeros.
La empresaria hotelera Sandra Esteves relató un caso ocurrido recientemente con visitantes que utilizaron la aplicación tras salir del aeropuerto internacional.
“Unos clientes que pidieron Uber salieron del aeropuerto y a mitad del camino los pararon, les bajaron placas, los turistas quedaron en la calle, llamaron al hotel y éste tuvo que coordinar con un transporte de confianza para irlos a recoger”, manifestó.
Empresarios turísticos consideran que la situación genera incertidumbre para el visitante internacional, especialmente cuando desde campañas oficiales se promueve el uso de herramientas tecnológicas y experiencias modernas de movilidad, mientras en carretera persisten acciones policiales contra los conductores de estas plataformas.
El debate sobre la regulación de Uber en Costa Rica se mantiene sin una solución definitiva, pese a que la plataforma opera desde hace varios años y forma parte cotidiana de la movilidad urbana y turística del país.
Diversos sectores señalan que la ausencia de reglas claras deja expuestos tanto a conductores como a usuarios, particularmente a turistas que desconocen el conflicto legal existente alrededor del servicio.
