San José, 17 feb (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) alertó en uno de sus monitoreos más recientes que el presupuesto de Educación para el 2023 es el más bajo de los últimos nueve años.
Según señaló el ente contralor el presupuesto del sector educativo para 2023 es de ¢2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Ese monto representa un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial del 2022, cuando la cifra ascendió a ¢2.857.977 millones.
La Contraloría agrega que mientras esta situación ocurre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población entre 5 y 19 años de edad muestra un crecimiento proyectado de 0,2% para 2023.
Del total del presupuesto destinado al sector educación para este 2023 “un 70,3% corresponde al Ministerio de Educación Pública, el 24,3% a las universidades públicas, el 4,7% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el 0,7% restante al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y a los Colegios Universitarios de Cartago (CUC) y Limón (Cunlimon)”.
En el análisis del presupuesto de Educación, la CGR encontró también que “para este año la estructura del gasto de este sector se mantiene similar respecto a años anteriores, siendo el rubro principal el pago de remuneraciones (61,1%), seguido de las transferencias corrientes (29,9%)”.
La principal variación, según la CGR, se presenta “en las transferencias corrientes y de capital destinadas por el MEP a las Juntas de Educación y Administrativas, donde se registra una disminución de ¢24.928 millones respecto al presupuesto definitivo de 2022; así como, un aumento de ¢41.969 millones en las transferencias al FEES”.
Otra transferencia que muestra menor presupuesto es la realizada por el MEP para el Programa Avancemos (becas) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la cual disminuye en ¢1.051 millones respecto al presupuesto definitivo 2022. Esta situación podría afectar a 67.184 estudiantes que recibieron ese beneficio en 2022.
Por su parte, el INA registró una disminución de 8,3% en su presupuesto y en la cantidad de beneficiarios, debido a la estrategia de implementación del artículo 21 bis de la Ley N° 6868, según indica esa institución.
