San José, 24 oct (elmundo.cr) – El presidente de la República en ejercicio, Helio Fallas Venegas impuso un veto por conveniencia y oportunidad nacional, al proyecto de Ley que pretendía cargar las pensiones de 128 exfuncionarios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) al Presupuesto Nacional.
Así lo comunicó este martes el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora ante el Plenario del Congreso, cuando se comunicó el contenido del oficio MTSS-DMT-OF-1055-2017, suscrito por Helio Fallas y el ministro de Trabajo y Seguridad Social; Alfredo Hasbum Camacho.
Los diputados aprobaron la iniciativa de Ley el 26 de setiembre, con el fin de que 128 exfuncionarios del Incofer despedidos en 1998 -cuando José María Figueres cerró técnicamente la institución-, se acogieron a la prejubilación.
La idea de los congresistas es que esas personas pasaran al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sin embargo, para no afectar el monto que perciben en la actualidad, la diferencia sería cubierta mediante un cargo al Presupuesto Nacional de la República, sin especificar una fuente de ingresos para cubrir ese gasto.
Según Casa Presidencial, la Ley que le permitió a esos exfuncionarios acogerse a una prejubilación no establecía el hecho de que pudieran beneficiarse de un monto cargado al Presupuesto, al pasar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja.
“Esto equivaldría a que el complemento pagado por el Estado, una vez fallecido el desempleado, lo continúen disfrutando sus causahabientes, aumento con esto la carga de erogaciones sobre el Erario, sin contraparte de ingresos más que los impuestos establecidos sobre los ciudadanos y personas jurídicas del país, más fundamentalmente significaría que el pago complementario del subsidio por desempleo persista aún cuando el desempleado ha fallecido, lo cual carece de sentido y no guarda relación alguna con las normas internacionales ratificadas por el país”, dice el texto del veto.
Y agrega: “El Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de vetar parcialmente el Decreto Legislativo, por conveniencia, oportunidad, igualdad, equidad, no discriminación e inconstitucionalidad. Es imperativo garantizar la seguridad jurídica y evitar que, de entrar en vigencia esta reforma, se generen estas condiciones de desigualdad y discriminación”.
El Congreso aprobó la Ley sin tener claridad sobre cuál sería el costo económico para el Estado. Por ello, Casa Presidencial incluyó en el veto un estudio realizado por la Dirección Nacional de Pensiones sobre ese particular.
El informe concluyó que la Ley implicaría una erogación por parte del Estado hasta el año 2060, cuando el último exfuncionario del Incofer hubiese pasado al régimen IVM de la CCSS, habría perdido la pensión por fallecimiento. El costo final se estimó en 3124 millones de colones.
