San José, 20 feb (elmundo.cr) – El diputado de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez y la diputada de Nueva República, Gloria Navas, presentaron el proyecto “Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota”.
El proyecto fue presentado en conjunto con la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y la iniciativa pretende crear un marco jurídico para la regulación y sanción del delito de préstamo de gota a gota, ya que detrás de la figura irregular de estos préstamos, existe toda una organización delictiva que presuntamente tiene como fin legitimar dinero obtenido de actividades criminales.
“No existía una regulación para los actos ilícitos que se llevan a acabo en donde muchas familias por poder brindar sus estudios, por poder brindar su preparación, por poder dar su alimentación o poder suplir algunas necesidades básicas de sus familias, recurren a algunos pequeños préstamos, y estos pequeños préstamos que se los dan de forma automática en donde las condiciones del sistema bancario o el sistema financiero de nuestro país, no les permite acceder a un crédito o un préstamo por los requisitos”, afirmó Jiménez.
Si bien es cierto la figura del préstamo por si sola no corresponde a un delito ya que es un acuerdo entre las partes, sin embargo, la actividad irregular del préstamo gota a gota viene a desvirtuar el contrato al incluir la extorsión, las amenazas, las lesiones y en algunos casos la muerte de los beneficiados con este tipo de préstamo. La situación se agrava cuando las personas se atrasan con el pago ya que las tasas de interés son elevadas.
“En este caso el gota a gota que no exige ningún requisito, simplemente prácticamente una situaciones particulares pero compromete el patrimonio familiar, y ese patrimonio familiar se compromete en pérdidas a muchas veces de su vivienda, desintegración familiar, personas que andan hasta escondidas a nivel de nuestro propio país y nadie las encuentra, nadie las ubica porque andan siendo perseguidas, amenazadas y atemorizadas por una situación netamente financiera”, agregó.
El proyecto pretende castigar con penas de prisión de hasta tres años a quien, hallándose o no dedicado habitualmente al negocio o préstamo o arrendamiento de dinero procurare su cobro y no lleve libros de contabilidad conforme a las exigencias legales. También a quien se aproveche de la necesidad económica, estado de pobreza de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligare a otorgar garantías de carácter extorsivo.
