San José, 29 jun (elmundo.cr) – La Corte Plena, integrada por los 22 magistrados y magistradas del Poder Judicial, acordó este lunes realizar un recorte de ₡13.242 millones en su presupuesto para el año 2026, atendiendo a la solicitud del Ministerio de Hacienda en aras de la sostenibilidad fiscal.
A pesar de la medida, la institución advirtió que el ajuste tendrá consecuencias directas en la prestación de servicios esenciales y en iniciativas clave para el fortalecimiento de la seguridad nacional.
De acuerdo con el informe oficial, ₡8.687 millones del monto recortado estaban destinados originalmente a robustecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Estos recursos incluían la creación de nuevas plazas y la apertura de subdelegaciones en La Cruz, Cabo Velas y una oficina policial en Puerto Jiménez, zonas consideradas estratégicas por su ubicación geográfica.
Según detalló el Poder Judicial, aunque dichos fondos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa en el cuatrienio anterior, el Ministerio de Hacienda no autorizó su ejecución y, además, los eliminó del presupuesto proyectado para 2027. El resto del ajuste corresponde a remanentes por el tipo de cambio del dólar, contrataciones sin ofertas y la reprogramación de proyectos de construcción.
Rechazo a recortes para 2027
La Corte Plena fue enfática al señalar que este ajuste representa el límite máximo de reducción posible sin comprometer la continuidad de los servicios básicos. Bajo esta premisa, el órgano judicial rechazó, por mayoría, una solicitud adicional de Hacienda para recortar ₡26.549 millones al anteproyecto presupuestario de 2027.
“La Corte acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas”, indicó la institución mediante un comunicado.
El Poder Judicial defendió su gestión financiera, destacando niveles de ejecución presupuestaria del 97% en 2025, 96% en 2024 y 95% en 2023. Estos indicadores, según la Corte, reflejan un compromiso con la disciplina fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
Finalmente, la institución reafirmó que, pese a las limitaciones presupuestarias, mantendrá sus esfuerzos para desarticular organizaciones criminales y garantizar el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.
